Forum Filatélico y Afinsa Una estafa amparada por las leyes del capitalismo

Autor : Juan Ignacio Ramos
Fecha : ( 24-Mayo-2006 )
Categoria : Estado Español
Más de 350.000 personas han sido victimas de la mayor estafa financiera de la historia de nuestro país. Dos empresas de solera, Forum Filatélico y Afinsa, con una actividad reconocida durante más de dos lustros y cuyos directivos se codeaban con lo más granado de las altas finanzas y la buena sociedad, escondían un jugoso negocio basado en el timo de estampita: ofrecer altas rentabilidades a través de la tenencia en deposito de sellos sobrevalorados hasta en un 800%. Todo este chiringuito financiero contó con el respaldo publicitario de los grandes medios de comunicación y la vista gorda de los gobiernos del PSOE y del PP, que engrosaron en las arcas de Hacienda miles de millones de pesetas sin investigar absolutamente nada. Ahora, con algunos altos directivos de ambas empresas en prisión, el Gobierno y numerosos cronistas desde sus columnas periodísticas abogan por que el Estado se lave las manos en tamaña estafa alegando lo de siempre, que con dinero de “todos los españoles” no se cubra una deuda motivada por la “avaricia” de aquellos que quisieron hacer buenos negocios con sus inversiones. Sin embargo, la cuestión es que este engaño, que ha servido para lucrar con miles de millones de euros a capitalistas sin escrúpulos, supone una auténtica tragedia para miles de familias trabajadoras que enredadas por lo que en apariencia era un buen negocio, han comprometido los ahorros de toda su vida.


Según las investigaciones de la Agencia Tributaría, Fórum Filatélico y Afinsa ocultaban un desfase patrimonial en 2004 de 3.500 millones de euros. Según esta misma investigación, entre 1998 y 2002, Afinsa pago 57 millones de euros por unos sellos que luego vendió a sus clientes por 723 millones. ¿Cómo fue posible llevar a cabo tamaño engaño sin despertar las sospechas de los clientes? En primer lugar por que ninguna de las empresas faltó a sus compromisos de devolución de los intereses, que oscilaban entre un 6% y un 12% de los depósitos realizados. En un momento en que los tipos de interés bancarios son bajos, y cuando muchas familias humildes no pueden invertir en los fabulosos negocios especulativos de la bolsa o el sector inmobiliario, que realizan con total impunidad grandes inversores y empresas de la construcción, esta rentabilidad aseguraba la lealtad de los clientes. En segundo lugar, la captación de los capitales se realizaba a través de una red de miles de agentes que publicitaban la oferta de ambas empresas a través del boca a boca, involucrando a los círculos familiares y de amistad en el supuesto negocio.
Para cubrir con un tupido velo sus responsabilidades y desviar la atención, el Gobierno y los editoriales de los grandes medios de comunicación han puesto el énfasis en que ambas empresas eran caladero de blanqueo de dinero. Que duda cabe que muchos empresarios habrán lavado dinero de sus actividades en un negocio que no tenía la calificación de actividad financiera, sino mercantil, y que por tanto tributaba en una cuantía ínfima a Hacienda. Pero lo fundamental de este caso es que la inmensa mayoría del capital estafado proviene de familias que veían en estas inversiones un seguro para sus ahorros, para su jubilación, o una forma de completar sus futuros ingresos. El hecho de que pueblos y localidades enteras de Castilla la Mancha, Castilla León, Extremadura o Andalucía, se hayan visto atrapadas en esta estafa indica ante lo que realmente estamos.

La responsabilidad del Estado

La investigación de la Agencia Tributaria comenzó en 2003, cuando los inspectores de Hacienda escrutaron las contabilidades comprendidas entre 1998 y 2003. Según sus conclusiones ambas sociedades no tenían capacidad financiera para soportar la cuantía de los compromisos que habían adquirido con los clientes. Este informe fue la base para la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, que culminó en la querella presentada el pasado 24 de abril. En dicho informe se determinó que el proveedor habitual de Afinsa, Francisco Guijarro, había vendido a la empresa sellos de muy escaso valor por una cuantía de 57 millones de euros y a su vez Afinsa los había colocado a sus clientes por más de 700 millones de euros. Lo más increíble de esta investigación es que la Agencia Tributaria reconoce textualmente que los contratos comerciales de Afinsa “Consisten en la captación de ahorro público realizada por la sociedad mediante unos contratos de venta de sellos de inversión equivalentes a préstamos retribuidos”. Como señala la edición de El País el 23 de abril, esta definición de la Agencia Tributaria conduce a considerar a Afinsa como un negocio de tipo financiero pese a “que los legisladores del Gobierno del PP habían excluido a esas empresas de la exigente y rigurosa regulación correspondiente a las empresas que ofrecen productos financieros”.
Que el PP tiene una probada responsabilidad en mirar a otro lado y amparar esta estafa, como hizo durante ocho años con la trama de corrupción que se enseñoreo de Marbella o con los pelotazos inmobiliarios a costa de obras públicas gestionadas por la derecha, esta más que demostrado; pero lo que no dice el diario El País, es que con su complicidad y con la del anterior gobierno del PSOE este tipo de negocios, emblemas del funcionamiento “excelente” del capitalismo, fueron alentados y publicitados sin ningún escrúpulo.
En un reciente artículo de Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Málaga, se denuncia estos hechos: “El 26 de mayo de 2002, se publicaba en El País un artículo con un título -ya de por sí significativo- ‘Piezas de colección muy rentables. La inversión en sellos alcanza rendimientos anuales por encima del 10%’. Entre otras cosas, el mencionado artículo decía lo siguiente: "El sello constituye la inversión en bienes físicos más rentable. Los rendimientos pueden triplicar la inflación y sobrepasar con amplitud el 10%... Las sociedades de asesoramiento filatélico advierten que sólo ellas pueden ofrecer las garantías para culminar con éxito una operación, ya que los términos de la inversión se recogen en contrato, incluso los seguros sobre las piezas...Y es un valor refugio en tiempos de crisis e incertidumbre. En ocasiones, una colección ha salvado el destino de más de uno, al llevársela debajo del brazo en una contienda".
Como afirma Juan Torres, no fue solo El País. “El diario El Mundo escribía más o menos lo mismo en mayo de 1996: ‘Invertir en Sellos, una Afición Rentable’.... La otra forma de invertir, más reciente, es la inversión dirigida. Se realiza a través de sociedades filatélicas, empresas de reconocido prestigio, con las que hay que firmar contratos legales muy claros, que trabajan con el mismo fin: para que alguien que no es experto, o que no quiera hacerse experto, pueda disfrutar de las ventajas del sello como inversión”.
Para continuar con los informes de la Agencia Tributaria, lo más surrealista es que el Director del Servicio Jurídico de dicho organismo subrayó en un informe fechado el 11 de julio de 2005 que, aunque el proveedor Francisco Guijarro incurrió en un delito contra la Hacienda pública, no se puede considerar como estafa la actividad de Afinsa. El informe señala lo siguiente: “Aunque la sensación de riesgo es elevada, resulta difícil tipificar los hechos descritos como delito de estafa. Para justificar esta afirmación debe admitirse que los hechos sólo serían constitutivos de un delito de estafa en grado de tentativa (no existe consumación)” y según el informe esto no concurre en el caso. Para el jefe jurídico de la agencia, Afinsa “quizá se aparta de los principios de prudente administración, evidenciando un riesgo, pero no que no se materializan o personifican en un concreto perjudicado”.
Es absolutamente increíble que desde las altas instancias del Estado se haya actuado de esta manera amparando una estafa de proporciones descomunales. La actuación final de la Audiencia Nacional, enviando a prisión a cuatro directivos de Fórum Filatélico y otros cuatro de Afinsa, acusados de estafa agravada, blanqueo de capitales, administración desleal e insolvencia punible una vez que el caso podía convertirse en un problema político para el gobierno Zapatero, no puede ocultar que todo esta gigantesca trama se ha realizado ante las narices de los diferentes gobiernos y con la permisividad de las autoridades económicas.
En el año 2004, La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó un informe que envió al gobierno en el que alertaba del gran riesgo que entrañaban las inversiones en estas empresas. Como sus portavoces denunciaron “la prensa extranjera se hizo más eco de nuestras denuncias que los medios de comunicación nacionales”. Lo mismo ocurrió con la denuncia del semanario financiero estadounidense Barron’s que en mayo de 2005 publicó un extenso reportaje demostrando el timo que suponía la inversión en Afinsa.

En defensa de las familias trabajadoras que han sido estafadas

Esta estafa es una prueba más, las hay a millones en todo el mundo, de cómo el funcionamiento del capitalismo supone una auténtica pesadilla para la clase obrera. No es la primera estafa ni será la última. Sin embargo, todos los organismos de la clase dominante, desde los medios de comunicación hasta las Instituciones del Estado, lo único que hacen es echar balones fuera y descargar sus responsabilidades. También lo hace el gobierno del PSOE que por boca de su ministro de Economía afirmó que el Estado no puede respaldar los millones estafados a miles de familias trabajadoras.
En realidad esta actitud es la consumación de este gran timo y revela el auténtico carácter de clase del Estado, y también de la política del gobierno. Cuando el primero de Mayo, Evo Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos y la producción de gas, afectando de esta manera a multinacionales como Repsol, todos los medios de comunicación de la burguesía pusieron el grito en el cielo y exigieron una intervención decidida por parte del gobierno. ¡Faltaría más! Los sacrosantos benéficos de los capitalistas españoles, que han saqueado la riqueza del pueblo boliviano y del conjunto de América latina, tienen que ser defendidos cueste lo que cueste. En sus exigencias, las tribunas periodísticas de la burguesía se llenaron de declaraciones demagógicas identificando a una multinacional como Repsol con los intereses de todos los españoles. En este caso, el gobierno de Zapatero envió una delegación del más alto rango para defender a Repsol y al BBVA y garantizar que los miles de millones de beneficios que estas empresas obtienen robando al pueblo de Bolivia sean garantizados. En esta campaña, el diario El País se ha distinguido por su vehemencia, exigiendo día sí y día también la intervención del Estado español en Bolivia y condenando la actuación de Evo Morales.
Siempre que se ha producido una quiebra importante, como en su día fue Rumasa o Banesto, el Estado, con dinero de todos los contribuyentes y el beneplácito de todos los defensores del capital, ha saneado estas empresas y las ha vendido posteriormente a precio de saldo a otros loables empresarios que solo han tenido que dar a la maquina para obtener multimillonarios dividendos.
Pero ahora la cosa es “diferente” Ahora se trata de los ahorros de decenas de miles de familias obreras y, claro, el rasero no puede ser igual. En su editorial del pasado domingo 14 de mayo el diario El País sentenciaba: “No parece pertinente aplicar a este caso el principio jurídico de responsabilidad subsidiaria del Estado. No sería justo que los contribuyentes sufragaran con sus impuestos la falta de prudencia de quienes eligieron inversiones de mayor riesgo ante la promesa de rendimientos superiores.” ¡Que ejemplo de hipocresía y cinismo! Para El País, las familias obreras engañadas cruelmente por estas empresas son como brokers de la bolsa que eligieron inversiones de alto riesgo. No se puede tener más cara dura.
Lamentablemente estos argumentos han encontrado eco en algunos sectores de la izquierda, que culpabilizan a las familias trabajadoras por no tener conocimientos en las altas finanzas. Sin embargo, los marxistas, y todos aquellos que defienden consecuentemente los intereses de los trabajadores debemos de adoptar un punto de vista muy diferente. Esta estafa es responsabilidad del capitalismo y de sus instituciones. Por eso estamos de acuerdo en que no sean otros trabajadores los que se hagan cargo de este engaño, sino sus auténticos responsables.
En primer lugar el gobierno tiene la obligación de incautar todo el patrimonio de los propietarios y directivos de Fórum Filatélico y Afinsa. Todos los chalet de lujo, todas las propiedades inmobiliarias, todas las empresas e inversiones. Estamos hablando de miles de millones de pesetas. Que les expropien hasta el último euro para garantizar los depósitos de las familias trabajadoras. Obviamente todos aquellos que tienen inversiones multimillonarias en estas empresas para blanquear capitales no pueden tener ninguna compensación. Y para establecer quien puede acceder a estas compensaciones, quien ha invertido realmente sus ahorros en esta estafa, se debe formar una Comisión de Investigación Independiente, integrada por representantes de los sindicatos de clase, Asociaciones de Consumidores, de los afectados elegidos en asamblea en las diferentes provincias, y miembros de la administración. Por otro lado este negocio no era un simple trato mercantil sino un fabuloso entramado financiero que se ofertaba como tal. La gran banca también es responsable de esta situación, pues a través de ella se han colocado miles de millones de euros en negocios lucrativos por parte de los propietarios de ambas empresas. Por tanto el Fondo de Garantía del Banco de España debe cubrir las necesidades que resulten de este desaguisado, y que los auténticos responsables del funcionamiento de la economía de libre mercado hagan frente a sus obligaciones.
Las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda, empezando por CCOO, UGT e IU deben tomar este asunto como propio y obligar al gobierno del PSOE a que cumpla con su responsabilidad que nos es otra que ofrecer una solución a las victimas y el castigo más ejemplar a los responsables.
El timo de la estampita, como sarcásticamente han calificado a esta estafa los ingeniosos periodistas de El País o El Mundo, esconde en realidad el timo del capitalismo. Una prueba más de la necesidad de enviar a este sistema al basurero de la historia.