Dos vicepresidentes del Gobierno, una infanta y su marido, el que
fuera jefe de los patronos, sindicalistas, ex ministros, parlamentarios,
consejeros, alcaldes… La cifra, a día de hoy, supera los1.900 imputados
en causas por corrupción en España. O Dicho de otra forma, Rodigro
Rato, Juan Pedro Moltó, Francisco Granados, Narcis Serra, Iñaki
Urdangarin y Cristina de Borbón, Jaume Mata, Maria Antonia Munar, Carlos
Fabra, Julián Muñoz, Isabel Pantoja, José María del Nido… ¿Es España un
país donde la corrupción política campa a sus anchas?
Según la memoria del
Consejo General del Poder Judicial
de 2013 Judicial de 2013 los juzgados están colapsados con la
instrucción de 1.661 causas que tienen que ver con la corrupción
política en todos sus aspectos: de blanqueo a soborno pasando por
prevaricación o tráfico de influencias.
Son casi el 70% de los casos considerados de especial complejidad que se
investigan en los juzgados. Si afinamos un poco más, miles de esas
causas se agrupan en los 302 denominados macroprocesos como la Operación
Malaya o la Trama Gürtel, EREs falsos de Andalucía, Caja Madrid, caso
Pujol o la Operación Púnica.
En lo que llevamos de legislatura, es decir en los últimos tres años,
al menos 170 personas han sido condenadas. Pero la mayoría no han
entrado en prisión, ya sea por los pocos años de condena de las
sentencias, porque sencillamente fueron inhabilitados o multados o
porque la condena está pendiente del fallo de algún recurso pendiente.
Sensación de impunidad por la corrupción
Los inspectores fiscales agrupados en torno a la Organización de
Inspectores de Hacienda apuntan a tres como las causas principales de
que se haya extendido el fenómeno de la corrupción: “los casos que se
descubren se deben a meras casualidades o denuncias” y no por el control
del Estado.
Una vez descubiertos, las condenas “que se producen no suponen el
ingreso en prisión, salvo algún caso excepcional” y, la causa más
llamativa, que nunca se devuelve el dinero porque suele “estar siempre a
buen recaudo en los paraísos fiscales, a la espera de que tarde o
temprano llegue una amnistía fiscal”.
Un caldo de cultivo que fomenta la sensación de “impunidad”. Hay
muchas probabilidades de que la única pena que tenga que sufrir el
presunto corrupto sea la llamada “pena del telediario”. Pero, a cambio,
el corrupto tiene solucionada su vida”.
Legislación y medios para combatir la corrupción
La opinión pública exige transparencia y el funcionamiento de la
Justicia. Y tanto fiscales, jueces como inspectores piden cambios
legislativos y acabar de una vez por todas con los indultos y amnistías
fiscales que actúan de hecho como una ley de punto y final.
Los que solicitan cambios apuntan directamente a ampliar el plazo de
prescripción, introducir el delito de enriquecimiento ilícito o
injustificado de cargos públicos durante su mandato y el de financiación
ilegal de partidos políticos y agravar las penas por tráfico de
influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios,
entre otros.
Defienden asimismo reducir la cuota defraudada en delitos contra la
Hacienda Pública, agravar penas por omisión del deber de denunciar y
perseguir determinados delitos, introducir una modalidad de delito de
obstrucción a la justicia por no remitir al juez la documentación
requerida o enviarla incompleta, agravar la desobediencia a la autoridad
judicial cometido por funcionario, limitar o prohibir suspender o
sustituir penas por corrupción y despenalizar faltas.
Plantean igualmente agilizar que la justicia asegure que los
presuntos puedan cautelarmente hacer frente a las responsabilidades
pecuniarias desde el inicio de la investigación y “facilitar la
actuación contra testaferros” y la colaboración con la Agencia
Tributaria, Banco de España, Patrimonio e Intervención, así como mejorar
la hasta ahora “ineficaz” Ley de Protección de Testigos y Peritos.
Pero la ley, por sí sola no basta, la corrupción política, como los
llamados delitos de ‘cuello blanco’, puede ser altamente sofisticada y
se requieren medios materiales y personal altamente cualificado para
combatirla. No es una cuestión sólo de alterar los contratos públicos al
alza y cobrar una comisión.
Operaciones como la operación Malaya, la trama Gürtel o las
investigaciones sobre la fortuna de los Pujol han puesto al descubierto
auténticas tramas de ingeniería financiera, multitud de sociedades
pantalla y movimientos de cuentas en paraísos fiscales de complicado
rastreo o seguimiento
Una lucha asimétrica que solo se combate reforzando o creando las
instituciones que actualmente velan por la limpieza y buen
funcionamiento del Sistema. En nuestra reciente historia democrática, la
corrupción política aparece ligada a la financiación de los partidos
políticos, auténticas maquinarias electorales y de poder que consumen
una ingente cantidad de recursos y al urbanismo.
Una sombra que ha perseguido a todos los partidos, dado los escasos controles a los que han sido sometidos sus finanzas.
Y más allá de las frases de acusación vertidas contra los jóvenes
dirigentes socialistas del recién estrenado PSOE de Felipe González, por
haberse nutrido de “combolutos” procedentes de la socialdemocracia
alemana (caso Flick) o las presuntas comisiones cobradas por el
expresidente Suarez procedentes de la remodelación de los estadios de
fútbol con la instalación de los marcadores electrónicos, las primeras
vergüenzas del sistema de partidos estallaron en 1979 con el llamado
‘caso Puerta’.
El ‘saqueo de las instituciones’ sale a la luz pública por la
denuncia puesta por el socialista Alonso Puerta, ex segundo teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Madrid, sobre supuesta corrupción en las
contratas municipales del servicio de limpieza urbano. El municipio
‘privatizaba’ servicios que eran adjudicados a contratas privadas. Las
comisiones presuntamente iban a la caja del PSOE. Puerta fue expulsado
del partido.
El control recaía sobre el Tribunal de Cuentas. Pero resulta
complicado creer que este tribunal pueda detectar cualquier tipo de
fraude en su labor fiscalizadora. Su prioridad no es luchar contra la
corrupción, sino verificar que el presupuesto que se aprueba tiene su
destino. Es decir, son más auditores que otra cosa que trabajan con
pocos medios. El retraso en sus informes se contabiliza por años.
Además, sus integrantes son designados por el propio parlamento como
representantes de los partidos políticos mayoritarios, es decir, sus
informes mayoritariamente son un fiel reflejo de la aritmética
parlamentaria del momento. Eso por no hablar de el propio escándalo que
ensombrece al propio Tribunal.
La carga de la prueba -la honradez tanto del partido como la de sus
cargos públicos- recae sobre los principales partidos políticos quienes
sistemáticamente se amparan en la presunción de inocencia hasta que una
sentencia diga lo contrario para no modificar leyes ni estatus.
Y los escándalos seguían saliendo a la luz, un contable mal
despedido, una mujer despechada por un divorcio y la casualidad en una
investigación por tráfico de drogas tiró de la alfombra de los tres
casos más sonoros en los años ochenta y noventa:
El caso Filesa -financiación irregular del PSOE- el caso Juan Guerra –
uso del despacho del vicepresidente del Gobierno para hacer negocios
privados y tráfico de influencias- y caso Naseiro -financiación ilegal
del PP- que a su vez dio paso a otro juicio donde resultó condenado el
constructor burgalés Fernández Pozo en Castilla y León -una comunidad
donde por cierto es estrenaba como presidente un bisoño José María
Aznar-.
En este clima enrarecido por la corrupción, salpicado además por
otros escándalos como el caso Roldán, caso Gescartera o los GAL, Felipe
González toma una decisión: La creación de la Fiscalía Anticorrupción.
Carlos Jiménez Villarejo dirigía un equipo pionero en Europa para
perseguir a los corruptos a través de libros contables, sociedades
pantalla y paraísos fiscales.
Han pasado 20 años (se creó en 1995) y los fiscales anticorrupción
siguen reclamando más medios. Dieciséis fiscales conforman la Fiscalía
Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad organizada en Madrid,
especializada en perseguir estos delitos.
Anticorrupción también cuenta con tres inspectores de la Intervención
General del Estado que fiscalizan los contratos públicos de los casos
que recaen en esta fiscalía. Este equipo especializado se completa con
dos unidades de policía judicial dependientes específicamente del
organismo.
Sin embargo, Anticorrupción se enfrenta a una parte muy pequeña de los
delitos de corrupción, entre un 10% y un 20% de este tipo de casos, el
resto recae sobre las fiscalías ordinarias.
Su labor, formalmente reforzaba la actividad de la Audiencia
Nacional, creada en 1977 como sustitución del Tribunal de Orden Público,
que entre otras materias, se encarga de delitos de crimen organizado
como terrorismo, narcotráfico, falsificación de moneda, y de delitos
cometidos fuera del territorio nacional cuando conforme a las Leyes o a
los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.
En ella trabajan la mayoría de los ‘superjueces’ que entienden persiguen
a las grandes tramas corruptas.
Tres décadas después y ante la magnitud de la corrupción política,
los profesionales de la Magistratura reclaman exclusividad en los
juzgados. Coinciden en la necesidad de unificar los esfuerzos y los
escasos medios materiales, y hacerlo en todos los juzgados, Piden que
haya jueces que se dediquen “en exclusiva a este asunto las 24 horas del
día”, así como la “revisión y, en su caso, supresión de aforamientos”,
al considerar que “entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la
instrucción de los procedimientos”.
Una sola policía contra la corrupción
La especialización pasa por ser la base en la lucha contra la
corrupción y, necesariamente -los actores coinciden- confluye en la
creación de una policía fiscal. En la actualidad, existen hasta 11
unidades en la Policia Nacional y 6 en la Guardia civil, además del
personal que maneja la propia AEAT, el Ministerio Fiscal o el SEPBLAC
del Banco de España dedicados a perseguir este tipo de delitos. Unas
unidades que trabajan de manera “escasamente integrados y coordinados”.
Dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hay
un Departamento de Delincuencia Económica que a su vez tiene un grupo de
delitos económicos, de fraude y urbanísticos y una unidad adscrita a la
Fiscalía Anticorrupción.
También hay un grupo especializado dentro del Servicio de
Información. En las unidades periféricas hay personas dedicadas a este
tipo de delitos dentro de las unidades orgánicas de policía judicial. En
total, unos 700 agentes, de los cuales 200 se dedican en exclusiva a
corrupción. El resto se ocupan de asuntos conexos como blanqueo o
narcotráfico.
Por otro lado, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo
Nacional de Policía (UDEF) está formada por 299 personas. Teóricamente,
cualquier agente de la plantilla de policía judicial (11.500) podría
investigar, casos de corrupción, pero no se dedican a ellos con carácter
de exclusividad.
A estos profesionales habría que añadir los 189 -altamente
especializados- de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude
Fiscal (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria y las 60 personas
que persiguen el blanqueo de capitales en el Banco de España a través
del Sepblac. Esta unidad funciona como la “unidad de inteligencia
financiera española”.
Fomentar y premiar la denuncia por corrupción
Los inspectores de Hacienda, en su decálogo, insisten en que hay que
generar instrumentos que premien comportamientos de denuncia. En la
mayoría de las tramas resulta imprescindible ese ‘colaborador
necesario’.
Pero resulta que ese testigo vital acaba siendo un testigo acosado, como en el caso de Ana Garrido Ramos.
Todos los profesionales, magistrados, policías, fiscales abogan
limitar los indultos y acabar con los aforados , así como por contar con
tribunales y juzgados especializados en asuntos económicos a nivel
autonómico e incluso provincial, por potenciar la cooperación jurídica
internacional para eliminar paraísos fiscales y por crear “una policía
judicial auténtica” y un cuerpo de peritos contables que asesoren a los
jueces.
Medios, personal, cambios legislativos… Medidas que dependen de la
voluntad política y de un pacto de estado entre las fuerzas políticas
para terminar con un problema que crece entre las preocupaciones de los
españoles.
De momento, ni está ni se le espera.
Ana Patricia Botín ante una oficina del Santander.
Shamash era el diós del sol en la mitología mesopotámica 
Este sistema esta,montado para tener la sensación de libertad, pero no quieren que seas libre, ni independiente, porque si lo haces, el sistema morirá, los que te controlan lo saben.
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