El juez sostiene que Olivo pagó 600.000 euros para que le levantaran un precinto

Según el juez, desde el Ayuntamiento de Marbella no sólo se vulneró la legalidad, sino que se impidió que se restaurara incluso cuando había órdenes de suspensión de los tribunales, y se obstaculizó la labor de control de la Junta.




Un caso sintomático es el de las licencias de las nueve naves construidas por Tomás Olivo junto a La Cañada, impugnadas y suspendidas por el TSJA. El 14 de septiembre de 2004, la ex alcaldesa incoa expediente de paralización de obras, que comunica tres meses después, e inicia proceso de revisión de las licencias, todo ello cuando la Junta había comunicado que se subrrogaba competencias municipales para sancionar. Pero las licencias no se revocan y se deja caducar el expediente, y en diciembre de 2005 Yagüe dicta un decreto de suspensión de la paralización y permite que sigan una sobras que un juez había mandado parar. Para entonces Olivo había hecho una aportación a la caja de Roca. "En este momento toma sentido la anotación del pago de 600.512 euros que produce una serie de resoluciones y actos favorables con la caducidad del procedimiento de revisión incoado", sostiene el juez.

Y agrega: "Se trata de dilatar lo máximo posible la asunción por la Junta de Andalucía de las responsabilidades urbanísticas evitando la ejecución de las órdenes de suspensión y posibilitando la terminación de las obras y la ocupación por terceros de buena fe".

El juez instructor del caso Malaya sostiene en el auto de procesamiento que una vez que en julio de 2003 la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga denegó definitivamente la aprobación del PGOU propuesto por el Ayuntamiento de Marbella, éste "debió proceder a revisar todas y cada una de las licencias de obras otorgadas en contra del PGOU de 1986, absteniéndose de provocar nuevos actos ilegales como la aprobación de proyectos de ejecución o la concesión de licencias de primera ocupación".

Pero lejos de ello, Roca ideó un sistema cuya validez jurídica es cuestionada por el juez, la concesión de permisos por silencio positivo, en contra del criterio de los asesores jurídicos municipales. No así el secretario de la corporación, Leopoldo Barrantes, que lo avaló con un certificado por el que el juez sostiene que cobró 18.000 euros, por lo que también lo ha procesado.