El Cuerpo Nacional de Policía destaca en un informe incluido en el sumario del caso Malaya que el ex superintendente de la Policía Local marbellí Rafael del Pozo tenía 'una conducta prolongada en el tiempo' por la que, 'desde su posición dominante de funcionario público agente de la autoridad y haciendo uso de su posición jerárquica en la institución de la Policía Local, presuntamente incumple reiteradamente los autos judiciales que se extienden en referencia a diversas licencias de obras que se llevan a cabo en la ciudad'.
Más aún, se establece que 'la omisión del deber de hacer tiene como consecuencia el mantenimiento y la prolongación en el tiempo de una situación ilegal que sólo se puede entender, a juicio policial, desde la presunta perspectiva de la obtención de precio a cambio de su ausencia de acción'.
Los investigadores precisan en dicho informe, fechado en junio de 2006 y contenido en la parte del sumario no secreta, que 'la relación entre Juan Antonio Roca -presunto cerebro de la trama de corrupción en el Consistorio marbellí- y Rafael del Pozo -aparece como 'receptor' de sobres según los archivos de Maras Asesores- ha quedado acreditada en las presentes actuaciones que son la de alcalde de hecho y jefe de la Policía Local, siendo susceptible de catalogación como jefe y subordinado'.
Así, se realizó un análisis de diferentes expedientes que se abrieron en el Ayuntamiento de Marbella como consecuencia de irregularidades urbanísticas diversas. Empiezan con una licencia de obra otorgada el 27 de noviembre de 2002 por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento a la mercantil Turasa, cuestión en la que se observa que 'durante algo más de dos años la Jefatura de la Policía Local no parece poner los medios suficientes para hacer efectivos los mandatos judiciales incumpliendo sus deberes profesionales'.
De hecho, se dice que 'queda acreditado' que Del Pozo 'conoce todos y cada uno de los mandatos y por omisión de acción permite la continuidad de una situación manifiestamente ilegal'. 'La situación ha llegado hasta extremos incomprensibles desde el punto de vista policial, como es el hecho de que se termine identificando al arquitecto inspector que acude a precintar una obra e, incluso, a abandonar el servicio sin cumplir con las obligaciones ni dar explicación alguna'.
Lo mismo ocurre en la suspensión de obras mediante un auto judicial de la construcción de un hotel a cargo de Explotaciones Turísticas Estrella del Sur, que contaba con una licencia otorgada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento el 12 de febrero de 2003.
En este caso, se afirma en el citado informe que 'durante un periodo de tiempo superior a medio año las obras continúan produciéndose sin que el jefe de la Policía Local habilite los medios necesarios para cumplir la efectividad de las resoluciones judiciales sin adoptar las medidas necesarias para que el incumplimiento de la ley persista de forma sistemática en el tiempo'.
La actuación es similar en lo que respecta a un expediente de precinto a Naviro Inmobiliaria por la construcción de 11 viviendas en parcelas de la calle Poniente y la avenida del Prado, que contaba con una licencia municipal otorgada el 8 de mayo de 2002.
Se expone, de igual modo, que en uno de los archivos de Maras Asesores consta entre las 'salidas' las siglas 'R.pzo' y 'SBDO', que harían referencia a Rafael del Pozo y Juan Esteban Saborido, subinspector de la Policía Local.
Esta anotación se encuentra en la hoja del mes de marzo de 2004 con las especificaciones 'FONDO Rpz' y 'FONDO SBDO', pudiendo haber sido 'receptores de fondos procedentes de la caja única de Roca'. Concretamente, consta que 'ambos pudieron haber recibido cantidades de 6.000 y 3.000 euros, respectivamente', cifras que 'vienen a reflejar el estatus jerárquico y la capacidad de alterar las actuaciones de la Policía Local'.
La Policía hace hincapié en el expediente urbanístico incoado a Explotaciones Turísticas Estrella del Sur y Condeor por una obra en la que ambas eran propietarias del terreno en partes iguales. La segunda de ellas 'ha sido policialmente considerada como nexo de unión dentro del entramado societario interpuesto por Juan Antonio Roca, siendo su administradora Montserrat Corulla'.
En función de lo expuesto, concluyen que 'si Rafael del Pozo ha intervenido, supuestamente, evitando, por omisión, el cumplimiento de mandatos judiciales en asuntos relacionados con empresas que realizan aportaciones a Juan Antonio Roca, la lógica impone inferir que si la mercantil involucrada en un expediente está vinculada directamente con éste último a través de un testaferro, la capacidad de influir en las decisiones de Del Pozo será incluso mayor y explicaría aún más la posible retribución extra que parece haber recibido éste'.
Entre los receptores de 'sobres' que aparecen en los archivos de Maras se encuentran, además de Rafael del Pozo, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y los ex concejales Isabel García Marcos, Victoriano Rodríguez, Emilio Jorrín, Vicente Manciles, María del Carmen Revilla, Antonio Luque, María Belén Carmona, María José Lanzat, Rafael González, Francisco Javier Lendínez, José Luis Fernández, Tomás Reñones, Rafael Calleja, Carlos Fernández, Miguel Jiménez y José Jaén y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes.
Los autores de los archivos Maras y que pertenecen a la organización de Roca son Salvador Gardoqui y Sergio Santana. De igual modo, se recalcó que, a través de la investigación patrimonial desarrollada a los investigados, se han conocido una serie de adquisiciones inmobiliarias que, 'cuando menos, revisten el carácter de anómalas, dado que se realizan a través de pagos en efectivo por importes de elevada cuantía, todo ello teniendo en cuenta que la actividad profesional de los investigados en ningún caso justifica la detentación en su poder de dichas cantidades en metálico, por lo que es lógico inferior que el origen de las mismas necesariamente tiene que provenir de rentas ocultas'.
Terra Actualidad
Hace 1 hora
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