La Consejería de Obras Públicas recuerda al Ayuntamiento la obligatoriedad de que las suspenda «por considerarlas nulas de pleno derecho» Le concede 20 días más para que vuelva a examinar 14 de estos permisos
03.08.07 - ROSARIO FLORES
La negativa del gobierno municipal a revisar más licencias y convenios urbanísticos aprobados en la 'era GIL' al margen del planeamiento vigente no ha dejado impasible a la Junta de Andalucía. La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha advertido al Consistorio marbellí de que impugnará esta decisión municipal si desatiende la petición de revisión de los 561 permisos de obras «ilegales» otorgados por los gobiernos gilistas y posgilistas. Es más, explican que esta actuación viene recogida en la propia Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que califica como nulas las licencias concedidas contra la ordenación urbanística vigente y que además recoge la obligatoriedad del ayuntamiento a realizar de oficio esta revisión.
Justificación
La postura del equipo de gobierno es bien distinta. Defienden que la anulación de estos permisos conllevaría la demolición de las construcciones ilegales y propiciaría además reclamaciones patrimoniales al Consistorio, por lo que, a su juicio, el proceso de revisión, emprendido por la comisión gestora, debe de quedar en el alero hasta que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De las 561 solicitudes de revisión remitidas al Consistorio marbellí, se incluyen 95 actuaciones que ya se habían comenzado a revisar pero que han caducado, al paralizarse el proceso; por lo que debe de iniciarse de nuevo el proceso. En esta situación, se encuentran 14 licencias urbanísticas que afectan a 309 viviendas, una escuela de hostelería, la recepción y consejería de un establecimiento hotelero, un centro comercial, un edificio de aparcamientos y la reforma y adaptación de un hotel. En estos casos, la Consejería de Obras Públicas ha optado por dar un nuevo balón de oxígeno a Marbella. Así le concede un plazo extraordinario de 20 días para que vuelva a examinar estos permisos -al haberse superado el plazo legal establecido para ello- teniendo en cuenta «la situación especial por la que ha pasado recientemente el Ayuntamiento».
A juicio de la administración andaluza, la decisión del equipo de gobierno municipal de no realizar este proceso «se aparta de la línea marcada por la gestora», que empezó a revisar más de un centenar de permisos. Con esta actuación, la Junta pretende sustituir la licencia nula por una nueva adaptada al Plan General en tramitación para los casos en que se regulariza el edificio, esto es, en más del 80 por ciento de las construcciones ilegales levantadas en los últimos 15 años, y garantizar así «la posesión pacífica de las propiedades».
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