Tras cinco años de batalla legal, la ONG Access Info Europe, para la que colabora la autora de este articulo, ha sido condenada a pagar 3.000 euros después de que el Tribunal Supremo sentenciara que no tiene derecho a saber que hace España para luchar contra la corrupción.
Escrito por Elena Arrontes
Esta organización europea, con sede en Madrid, lucha por implantar y velar por el cumplimiento
de las leyes de transparencia europeas a la vez que promueve el derecho
de acceso a la información a nivel mundial con el fin de que sea
reconocido como un derecho fundamental.
El 14 de junio de 2007, un miembro de la junta directiva de Access Info, solicitó información al Ministerio de Justicia español preguntando por las medidas que está tomando el gobierno de acuerdo con la Convención de la ONU contra la corrupción. La información se denegó y el caso terminó en los tribunales hasta agotar la vía legal en mayo de 2012. Entonces, el Tribunal Supremo español alegó que detrás de la demanda de información sobre medidas anti-corrupción, la ONG pretendía pedir explicaciones al Gobierno, una función que sólo tiene el Parlamento y por ello fue condenada a pagar 3.000 euros.
La última opción para la organización es presentar el caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que podría retrasar el caso durante años. Para poder afrontar los costes impuestos por el Tribunal Supremo, la ONG ha lanzado hoy una campaña que pretende recaudar el dinero suficiente para saldar la condena. Los miembros de la organización señalan que cualquier tipo de colaboración es bienvenida, dinero y difusión, considerando que la causa lo justifica: apoyar la lucha por la transparencia en España.
La campaña ha recibido numerosos apoyos en Twitter, red en la que tanto personalidades políticas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos afínes a la causa por la transparencia, han contribuido a la difusión de la petición de apoyo. Access Info ha recaudado en su primer día algo más de 800 euros. Si se superase la cantidad fijada, el dinero se destinará a otros litigios.
El caso es alarmante por varias razones: no da derecho a saber las medidas que se están tomando para combatir la corrupción, especialmente en los tiempos de crisis sin precedentes que vive España y en el que se dispara el descontento de los ciudadanos. El contexto no permite entender esta sentencia cuando nuevos casos de corrupción política se dan a conocer en los medios de comunicación día tras día, corrupción que ya afecta hasta la monarquía de este país. También es problemático que se deniegue este tipo de solicitud de información cuando España está tramitando en el Parlamento, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Dicha ley ha sido analizada por expertos internacionales que la han criticado duramente por estar por debajo de los estándares internacionales y excluir muchas parcelas de información a los que los ciudadanos no tendrán acceso.
El 14 de junio de 2007, un miembro de la junta directiva de Access Info, solicitó información al Ministerio de Justicia español preguntando por las medidas que está tomando el gobierno de acuerdo con la Convención de la ONU contra la corrupción. La información se denegó y el caso terminó en los tribunales hasta agotar la vía legal en mayo de 2012. Entonces, el Tribunal Supremo español alegó que detrás de la demanda de información sobre medidas anti-corrupción, la ONG pretendía pedir explicaciones al Gobierno, una función que sólo tiene el Parlamento y por ello fue condenada a pagar 3.000 euros.
La última opción para la organización es presentar el caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que podría retrasar el caso durante años. Para poder afrontar los costes impuestos por el Tribunal Supremo, la ONG ha lanzado hoy una campaña que pretende recaudar el dinero suficiente para saldar la condena. Los miembros de la organización señalan que cualquier tipo de colaboración es bienvenida, dinero y difusión, considerando que la causa lo justifica: apoyar la lucha por la transparencia en España.
La campaña ha recibido numerosos apoyos en Twitter, red en la que tanto personalidades políticas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos afínes a la causa por la transparencia, han contribuido a la difusión de la petición de apoyo. Access Info ha recaudado en su primer día algo más de 800 euros. Si se superase la cantidad fijada, el dinero se destinará a otros litigios.
El caso es alarmante por varias razones: no da derecho a saber las medidas que se están tomando para combatir la corrupción, especialmente en los tiempos de crisis sin precedentes que vive España y en el que se dispara el descontento de los ciudadanos. El contexto no permite entender esta sentencia cuando nuevos casos de corrupción política se dan a conocer en los medios de comunicación día tras día, corrupción que ya afecta hasta la monarquía de este país. También es problemático que se deniegue este tipo de solicitud de información cuando España está tramitando en el Parlamento, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Dicha ley ha sido analizada por expertos internacionales que la han criticado duramente por estar por debajo de los estándares internacionales y excluir muchas parcelas de información a los que los ciudadanos no tendrán acceso.
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