El ex Presidente Felipe González se ha
manifestado a favor de una coalición entre el PP y el PSOE: “Si el país
lo necesita, lo deben hacer”. Imagino que el principal fontanero de la
Transición se expresó de la misma manera cuando se entrevistó con Manuel
Fraga para obtener su apoyo en la guerra sucia contra ETA. Al parecer,
Fraga le contestó que aprobaba su estrategia y que jamás afearía su
decisión. El responsable de la masacre de Vitoria-Gasteiz y los
asesinatos de Montejurra ya estaba familiarizado con el terrorismo de
estado y no le importaba mancharse las manos de sangre una vez más.
Felipe González agradeció su colaboración y ordenó que comenzaran los
atentados, tal vez con el conocimiento de la Casa Real, pues el CESID
siempre informaba en primer lugar a Juan Carlos I y parece improbable
que desconociera una operación cocinada en la cúpula del poder. El ex
policía José Amedo siempre ha afirmado que González fue el creador de
los GAL y que levantaba el pulgar cada vez que le informaban de un
asesinato. Creo que ese gesto refleja la magnitud de su miseria moral
como político y ser humano.
En 1982, Felipe González capitalizó los
votos de la izquierda. Nadie imaginaba que aplicaría un durísimo ajuste
económico, basado en una feroz reconversión industrial, la creación de
los contratos basura, el recorte de las prestaciones de desempleo, la
legalización de las empresas de trabajo temporal y el fin de las
subvenciones de ciertos medicamentos prescritos por la Seguridad Social
(el famoso “medicamentazo”). Incumpliendo sus promesas electorales,
Felipe González consiguió la plena integración de España en la OTAN y
envió tropas a la Primera Guerra del Golfo en 1991, prestando bases y
aeropuertos para los bombardeos de Irak, donde murieron al menos 5.000
civiles y unos 30.000 combatientes iraquíes, casi siempre aniquilados
por la maquinaria bélica norteamericana sin ofrecerles la oportunidad de
rendirse. Los escándalos de corrupción, el encarcelamiento de los
insumisos al Servicio Militar y a la Prestación Social Sustitutoria
(casi siempre en régimen FIES, creado en 1989 por Antoni Asunción,
Ministro de Interior), la dispersión penitenciaria y el terrorismo de
Estado completan un cuadro desolador que malogró los sueños de un
socialismo real y revolucionario. No está de más recordar los casos de
Lasa y Zabala, ambos de veinte años, secuestrados en Francia, torturados
en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y asesinados a sangre
fría por los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo, cumpliendo órdenes
directas del general Galindo y el socialista Julen Elgorriaga,
Gobernador Civil de Guipúzcoa. También hay que incluir en el catálogo de
infamias del gobierno de Felipe González la muerte de José Manuel
Sevillano Martín, militante del GRAPO que mantuvo una huelga de hambre
de 175 días, pidiendo el fin de la dispersión penitenciaria. Enrique
Múgica, Ministro de Justicia, declaró que “la huelga de hambre era
ficticia” y que se mantendría la dispersión “por justa y necesaria”.
Cuando falleció Sevillano, extenuado tras dos infartos y horribles
sufrimientos físicos y psíquicos, se prohibió a su mujer y a su hija
Aida que se despidieran de sus restos mortales.
En los ochenta, la tortura era el
procedimiento ordinario de las Fuerzas de Seguridad del Estado, según
los testimonios del prestigioso antropólogo Francisco Etxeberria. No se
torturaba tan solo a los militantes de ETA. El simple chorizo que robaba
un radiocasete también sufría malos tratos en las comisarías de la
Policía o en los cuarteles de la Guardia Civil. Sería injusto atribuir a
Felipe González la implantación de un método que se había aplicado
sistemáticamente desde la primera hora de la sublevación militar de
1936. Lejos de acabar con esa lacra, Felipe González proporcionó nuevos
instrumentos para perpetuar la tortura. La Ley Orgánica 9/1984 –aún
vigente- estableció un período de incomunicación de cinco días
prorrogables hasta trece. En ese tiempo, el detenido no puede hablar con
un abogado ni con un médico de su elección y ni siquiera su familia es
informada de su paradero. Se puede hablar de un secuestro o desaparición
temporal que se ha empleado para torturar con impunidad. Las víctimas
de esa aberración jurídica han soportado suplicios tan inhumanos como la
bañera, la bolsa, la barra, el quirófano, el misionero, la privación de
sueño, los abusos sexuales y los simulacros de ejecución. La Fundación
Euskal Memoria estima que cerca de 10.000 vascos han sido torturados en
los últimos 50 años. Sólo entre 1978 y 1988 se detuvo a 7.370 y el 40%
denunciaron torturas. Desde entonces, se han producido otros 1.700
casos.
Al declararse partidario de un pacto de estado entre el PP y el PSOE, Felipe González se ha quitado definitivamente la careta, evidenciando que no cree en la democracia ni se inquieta por el sufrimiento de la clase trabajadora. Desde que comenzó la crisis, se han recortado libertades y derechos, empujando a la pobreza a millones de personas, niños incluidos. Desahucios, malnutrición infantil, bajada de salarios, paro masivo, brutalidad policial, exclusión sanitaria de los inmigrantes sin papeles, leyes represivas que limitan la libertad de expresión, el derecho de manifestación o el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, privatización encubierta de la sanidad y la educación, supresión de becas y servicios sociales. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, se han destruido más de un millón de puestos de trabajo y se ha promovido el empleo basura, que permite explotar al obrero y rescindir los contratos al antojo de los empresarios. Se han socializado las pérdidas de la banca y se ha amnistiado a los grandes defraudadores, sin adoptar medidas para combatir el colosal fraude fiscal (72.000 millones de euros al año). Emilio Botín ha felicitado a Mariano Rajoy y el IBEX 35 no oculta su regocijo. La Troika también se muestra complacida, pero exige nuevos recortes para cumplir el pacto fiscal que ha fijado para 2020 unos objetivos (reducir la deuda al 60% del PIB, contener la inflación en un 3%) que implicarán un gigantesco recorte de 400.000 millones de euros. Dicho de una forma sencilla: ha prevalecido la inhumanidad y la barbarie. Felipe González apuesta por continuar en esa dirección. Su actitud solo corrobora que la Transición fue un cuento y que desde entonces sufrimos los abusos de un régimen cada vez más intolerante y represivo.
Al declararse partidario de un pacto de estado entre el PP y el PSOE, Felipe González se ha quitado definitivamente la careta, evidenciando que no cree en la democracia ni se inquieta por el sufrimiento de la clase trabajadora. Desde que comenzó la crisis, se han recortado libertades y derechos, empujando a la pobreza a millones de personas, niños incluidos. Desahucios, malnutrición infantil, bajada de salarios, paro masivo, brutalidad policial, exclusión sanitaria de los inmigrantes sin papeles, leyes represivas que limitan la libertad de expresión, el derecho de manifestación o el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, privatización encubierta de la sanidad y la educación, supresión de becas y servicios sociales. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, se han destruido más de un millón de puestos de trabajo y se ha promovido el empleo basura, que permite explotar al obrero y rescindir los contratos al antojo de los empresarios. Se han socializado las pérdidas de la banca y se ha amnistiado a los grandes defraudadores, sin adoptar medidas para combatir el colosal fraude fiscal (72.000 millones de euros al año). Emilio Botín ha felicitado a Mariano Rajoy y el IBEX 35 no oculta su regocijo. La Troika también se muestra complacida, pero exige nuevos recortes para cumplir el pacto fiscal que ha fijado para 2020 unos objetivos (reducir la deuda al 60% del PIB, contener la inflación en un 3%) que implicarán un gigantesco recorte de 400.000 millones de euros. Dicho de una forma sencilla: ha prevalecido la inhumanidad y la barbarie. Felipe González apuesta por continuar en esa dirección. Su actitud solo corrobora que la Transición fue un cuento y que desde entonces sufrimos los abusos de un régimen cada vez más intolerante y represivo.
La abstención activa es un recurso
legítimo, pero no creo que invierta el curso de la historia. La sociedad
debe seguir el ejemplo de la PAH (Plataforma de Afectados por la
Hipoteca) y luchar por sus derechos, sin dejarse intimidar por una
policía con barra libre para aporrear, humillar o multar a los
activistas sociales. La historia juzgará a Felipe González y, si es
justa, no será benévola. Personalmente, creo que debería acabar en el
banquillo de la Corte Penal Internacional, acompañando a José María
Aznar, su viejo antagonista. Ambos se implicaron en guerras inmorales e
ilegales y han tolerado y promovido la tortura. Así los prueban las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los informes de
Amnistía Internacional, por citar solo dos ejemplos. Si el PP y el PSOE
pactan, se confirmará que la soberanía popular solo es un principio
retórico y no una realidad. Podremos hablar de dictadura sin exagerar un
ápice. Mientras el pueblo trabajador sufre lo indecible, los canallas
que nos gobiernan se marcharán de crucero en una nueva versión del Azor
(el célebre yate del Generalísimo), felices de haber obrado el milagro
de transformar el franquismo en autoritarismo parlamentario. La historia
de España ha dibujado un bucle y ni siquiera tenemos a un Miguel
Hernández, apilando versos llenos de rabia y esperanza:
Cantando espero a la muerte,que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.
Si la Audiencia Nacional leyera esta estrofa, ordenaría a la Guardia Civil que detuviera al poeta. Nada ha cambiado en la España negra y cainita que combina la mitra, la toga y el tricornio para acallar el viento del pueblo.
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