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Durante la primera mitad del año 2003 los españoles se movilizaron como nunca lo habían hecho para detener una guerra injusta, ilegal y amparada en mentiras, como se ha demostrado posteriormente. Con el apoyo del Partido Popular, José María Aznar, que entonces era Presidente del Gobierno español, decidió asumir el protagonismo a favor de esta guerra, dando la espalda a lo que exigía la ciudadanía en las calles y en las encuestas. A mediados de marzo de aquel año, José María Aznar, Tony Blair y George W. Bush fueron acogidos por José Manuel Durão Barroso en las islas Azores, desde las que lanzaron un ultimátum a Iraq con un plazo de 24 horas, durante el cual el presidente del país debería dimitir y deberían entregarse unas armas de destrucción masiva que ni existían ni había indicio real alguno de su existencia, como los inspectores de Naciones Unidas apuntaron en alguna ocasión. Transcurrido dicho plazo, y si no se llevaban a cabo las imposiciones que señalaban, los reunidos anunciaban la invasión de Iraq. Culminada la ocupación militar el 1 de mayo de 2003, Iraq entró en una situación de caos, devastación y muerte en la que diversas guerras cruzadas han impedido a los ocupantes conseguir sus propósitos.

Al no contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, esta guerra fue ilegal y ninguna resolución posterior de dicho organismo puede borrar este hecho. Esto significa que, según el Derecho Internacional, los efectos de esta agresión son crímenes de guerra y los ejecutores e inductores de crímenes de guerra son criminales de guerra. La participación española en la misma se realizó sin la aprobación del Congreso de los Diputados de nuestro país. Esta participación sería disfrazada de ayuda internacional, tras proclamarse un falso fin de la guerra que aún hoy no se ha producido y enmascarando como ayuda humanitaria al pueblo iraquí aquello que realmente era ayuda a los militares invasores, aliados del gobierno español de aquel momento. Tal guerra sigue provocando decenas de muertes todos los días y no es posible desvincularla de las principales causas de los atentados terroristas de Madrid del 11 de marzo de 2004 ni de los de Londres de 7 de Julio de 2005. La cantidad de muertos generada por la Guerra de Iraq, calculada en 700.000, no para de crecer ni tiene visos de detenerse.




Cuatro años después del inicio de la guerra, disponemos de la perspectiva suficiente para entender que la actuación concreta de Aznar como Presidente del Gobierno español y del Partido Popular, protagonistas activos de aquella invasión, debe ser sometida a un examen penal que determine sus posibles responsabilidades penales y anuncie para el futuro que quienes colaboren en una guerra ilegal no resultarán impunes por el mero hecho de desempeñar un puesto de prominencia política. Entendemos que éstas son las verdaderas acciones preventivas en favor de los derechos humanos.

Por ello, solicitamos a los partidos políticos que se oponen a la guerra de Iraq y a los que no quieran seguir siendo cómplices de la misma que colaboren activamente en la exigencia de responsabilidades políticas, pero también judiciales de José María Aznar. Asimismo, esperamos de las instancias judiciales que apliquen el principio de igualdad ante la ley y no amparen la impunidad de quienes hayan violado la legalidad, estatal y/o internacional, por su especial relevancia política. También llamamos a la ciudadanía a asumir el protagonismo que se ganó en las movilizaciones contra la guerra, reclamando ahora la responsabilidad de quien no quiso escuchar entonces nuestras voces.