ABC accede al informe de la Guardia Civil en el que se documentan 470 contratos a dedo, 80 de ellos a afiliados y familiares del equipo de gobierno
Ya estamos viendo los resultados de un sistema embustero y perverso, donde nadie respeta la legalidad. Estos de IU se las quieren dar de reformadores y demócratas; pero ya puede observar ustedes mismos cual es el resultado cuando atrincan alguna alcaldía o algún puesto relevante. Hacen lo mismo que los demás, o sea, enchufarse y enchufar a sus familiares y amigos. Y así sigue la cosa en nuestro querido país, donde los demás tenemos que seguir pagando impuestos para que se siga de esta forma, tirando nuestro , o malgastándolo que lo mismo. En Marbella otro municipio de la Costa de Sol, estos "reformadores" de IU están igual o peor, allí se reparten Mancomunidad de Municipios con el PP y el PSOE. Y es que a la hora de trincar el botín del patrimonio publico, no existen colores políticos, aquí vale todo, además para que van a discutir, si hay fondos públicos para que todos puedan malgastarlos sin ningún tipo de control.
Es una auténtica vergüenza la clase política (si así la podemos definir)
de este pueblo, Manilva. Tanto Antonia Muñoz, como Emilio López, de los cuales
en el artículo superior sobran referencias, sin olvidarnos de Pedro
Tirado (exalcalde de Manilva, condenado por cohecho, aunque primeramente
imputado también por blanqueo de dinero, prevaricación y tráfico de
influencias, solo tuvo que pasar pasar dos meses en la cárcel, de manera
preventiva, y pagar 12.000€ de multa, cuando en su domicilio
encontraron mas de 700.000€ en bolsas de basura), y pasando también por
Manuel Álvarez, que aunque no se le cite, por el pueblo nos lo podemos
cruzar con frecuencia montado en su todoterreno alemán de lujo, todos
ellos, los cuatro que han sido líderes de las fuerzas políticas con
reperesentación en el ayuntaniento de Manilva, son unos sinvergüenzas, y
por culpa de gente como ésta, un pueblo con un potencial enorme,
situado en un lugar estratégico entre Marbella, Estepona, Sotogrande y
Algeciras, se está yendo a pique. La deuda con la Seguridad Social es de
decenas de millones de euros, cada vez hay menos gente en el pueblo,
que viendo la situación solo les queda buscarse la vida en otro sitio,
las inversiones brillan por su ausencia, tanto por parte del
ayuntamiento, como por entidades privadas, que obviamente, dada la fama
del municipio, ni se acercan por alli. Es una pena que habiendo gente
competente que madruga todos los días, tanto en este pueblo, como en
toda España, para sacar adelante honradamente a los suyos, tenga que
cruzarse con estos impresentables que hacen y deshacen a su antojo,
poniendo siempre sus propios intereses por delante de los de los
ciudadanos a los que, se supone, representan. Esperemos que al menos con
esta señora la justicia sea firme y corra la misma suerte que señor
Tirado, que se le imponga una sanción ejemplar y se le retire de por
vida de la política.
francis silva
Sus formas no son tan bruscas como las del personaje de Los
Morancos, pero sus vecinos no dudan en llamarla «Omaíta». Llega a los
plenos repartiendo besos y siempre tiene una sonrisa para la cámara.
Salvo cuando se le pregunta por las múltiples investigaciones judiciales que cercan su gestión.
Entonces se le tuerce el gesto y se sabe atrapada. Es Antonia Muñoz, la
alcaldesa de Manilva. Un coqueto municipio del litoral malagueño de
unos 13.000 habitantes. El único gobernado por Izquierda Unida en
toda la Costa del Sol. Una excepción que se anunciaba como la
alternativa social a las políticas «capitalistas» de los grandes
partidos, pero que ha acabado hundiéndose en el barrizal de las
sospechas y las irregularidades.
La Guardia Civil, tras más de tres años de pesquisas, ha plasmado en un informe de 510 páginas la
investigación que mantiene a la coalición de izquierdas inmersa en uno
de los mayores escándalos de «enchufismo» del país. Un caso que revela
más de 470 contrataciones a dedo
de las que se habrían beneficiado miembros, afiliados y simpatizantes
del equipo de gobierno municipal, así como la concesión ilegal de
millonarios contratos, transferencias con más de un pero y un posible
«pucherazo» electoral.
Cuatro años de investigación
El documento, al que ha tenido acceso este periódico, fue
entregado el pasado 2 de mayo en el juzgado de Instrucción número 5 de
Estepona, que instruye el caso desde finales de 2009 tras una denuncia del comité de empresa del Ayuntamiento en
la que se alertaba de numerosas irregularidades en materia laboral. Es
el fruto del tesón del fiscal Jorge Andújar Hernández y del único agente
que durante la mayor parte del tiempo ha estado investigando en
solitario.
En el epicentro de sus indagaciones se sitúa el entramado
tejido por los dirigentes de la dirección local de IU para favorecer la contratación de más de 80 miembros,
familiares y simpatizantes, que en algunos de los casos eran designados
cargos de confianza con una cualificación más que dudosa. Hermanos,
primos, sobrinas, nueras, cuñados, suegras… La vinculación familiar,
tener el carné del partido o votarlo era el único requisito que se
exigía para acceder a un puesto en el Ayuntamiento. La alcaldesa es la
que se lleva la palma. La Guardia Civil ha constatado hasta 15
contrataciones presuntamente irregulares de familiares. Uno de ellos es su marido.
Manilva es el único municipio de la Costa del Sol gobernado por IU
Los agentes investigan en la actualidad la incorporación de la hija de
la regidora a una entidad urbanística a la que le transfirió dinero con
la oposición de la interventora. Financiación que se sospecha que es
para pagar la nómina de su hija, de quien se dice que ni siquiera acude
al puesto porque está estudiando en Irlanda.
Pero la alcaldesa no es la única que se rodea de cargos de confianza de dudosa formación. El primer teniente de alcalde, Emilio López,
líder de Agrupación Socialista de Manilva (ASM), contrató recientemente
a su hija como directora de área de Salud y Medio Ambiente a razón de 14 pagas de 1.707 euros.
Este nombramiento se produjo poco tiempo después de que el edil
solicitase al juzgado que investiga a Antonia Muñoz el archivo de la
causa. La formación independiente estaba personada en la misma y se
retiró después de entrar a formar parte del equipo de gobierno y
otorgarle la mayoría a IU.
Muñoz reconoce que ha enchufado a 15 familiares, uno de ellos su marido
«Salvo cuatro administrativos, un ingeniero técnico, los
policías locales, el secretario y la interventora, el resto de personal
ha sido contratado “sin convocatoria pública y
sin respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad». El Consistorio envía al juzgado varios informes
con cifras contradictorias sobre las plantilla en 2007 (518 y 413) y
2011 (518, 450 y 417), por lo que la cifra de «enchufados» podría ser
incluso mayor. «Los aproximadamente 470 es un número a la baja»,
precisaron las fuentes. La «preocupación» de Antonia Muñoz por el
bienestar de los suyos también se extiende a sus cuentas corrientes y no se limita a buenos salarios.
La regidora, en un denunciado desprecio de la Ley de Contratos, otorgó
entre 2007 y 2011 un total de 43 contratos a dos empresas de su esposo
por un valor de 200.035 euros. El colmo de las irregularidades es que
Muñoz, además, era administradora de una de estas sociedades.
52 contratos para el primo
Un primo de la regidora, propietario de una constructora, fue agraciado con al menos 52 contratos, que le reportaron 482.074 euros en tan solo tres años.
Muchas de estas facturas contaban con reparos de la interventora, ya
que al superar los 3.000 euros requieren la presentación de tres
presupuestos, cosa que el Ayuntamiento de Manilva no realizó. Aunque la
«red clientelar» que se construyó en torno a las adjudicaciones de
trabajo es más amplia y alcanza a otros miembros del equipo de gobierno,
como la edil de Bienestar Social, Francisca López. El Ayuntamiento
concedió a familiares de los concejales y componentes y simpatizantes de
IU más de 400 contratos de trabajo únicamente en el anterior mandato.
Y a todo este maremagnum de irregularidades interminables, se suma una investigación por posible «pucherazo electoral»
en las pasadas elecciones y en la que están imputados una concejal, una
directora de área y un simpatizante de la coalición de izquierdas. El
titular del juzgado de Instrucción número 1 de Estepona investiga la
denuncia que pusieron PP y PSOE ante la Junta Electoral de Zona cuando el día de votación sorprendieron a personas que ocultaban votos a IU en bolsos y contenedores y
que iban repartiéndolos a las personas que acudían las urnas. Incluso
se recabó el testimonio de algún inmigrante que aseguraba que le habían dado 100 euros por votar a Antonia Muñoz.
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