AL JUZGADO DE GUARDIA DE ESTEPONA
GERARDO GALÁN, con DNI xxxxxxxxxx, vecino de Estepona,domiciliado en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, titular del número de teléfono xxxxxxxxxxxxxxx, ante ese Juzgado de Guardia COMPARECE Y DICE
Que durante el jueves de la semana pasada, día 20 de junio,recibió al menos 5 llamadas que no pude atender de un número de teléfono, el 952798300. De ellas dos terminaron con un mensaje en mi buzón de voz en el que una persona decía pertenecer a la Comisaría de Estepona y que tenía que hablar conmigo. Comprobado por mi parte el citado número correspondía efectivamente a la Comisaría de Policía Nacional de Estepona.
Finalmente, el viernes por la mañana pude atender la llamada proveniente de ese número, y en ella un policía, del que no recuerdo si mencionó su nombre pero sí que dijo pertenecer a la Brigada de Información, me comentó que llamaba para que le facilitase unos datos referentes al partido político en el que milito, –Espacio Verde, EVA– concretamente solicitaba una dirección electrónica de contacto.
Cuando le requerí para qué necesitaba ese dato el citado policía me dijo que “se lo había pedido el nuevo Comisario, por si necesitaba comunicarse con nosotros”, cuando insistí preguntando que para qué querría comunicarse con EVA el Comisario el funcionario exclamó “¿tiene usted algo contra nosotros?”. Le referí que no tenía nada contra ellos, pero que esos datos que quería saber eran de dominio público por estar en las webs del partido o accesibles en los registros del Ministerio del Interior, por tratarse mi partido de una entidad legal registrada debidamente como partido político.
El funcionario insistía y le recordé que no estaba obligado acumplimentar ningún censo telefónico que me hiciese la Policía Nacional. A lo que el funcionario, mostrando ignorancia sobre el alcance de lo que estaba haciendo dijo “esto no es un censo”, viéndome obligado a aclararle que la toma de datos y la anotación de los mismos es un censo. Y señalándole también que si tanto interés tenía en comunicar conmigo o mi partido le resultaría muy fácil. De hecho, ya lo estaban haciendo llamando a mi teléfono privado. En ese momento se despidió y colgó.
Reflexionando sobre lo sucedido, y contemplando la posibilidad de que se esté realizando un censo al margen de lo establecido po rla Ley Orgánica de Protección de Datos, y también para reivindicar el papel de una policía democrática en un estado de derecho, escribí mi habitual columna semanal en la prensa local refiriéndome a lo sucedido. Acompaño recorte de la misma, por si pudiese aportar luz a lo aquí relatado. De lo relatado anteriormente no se aparta ni un ápice, salvo en el contenido más “literario” y político de la misma.
Finalmente, esta mañana a las 09.49 he vuelto a recibir una llamada del número antes citado, 952798300, y de nuevo un funcionario policial me ha solicitado telefónicamente datos sobre mi adscripción política. En este caso quería saber el cargo orgánicoque ocupo dentro de mi partido, EVA. Educada pero firmemente he dicho, creo que transcribo literalmente “Váyase usted al Registro del Ministerio del Interior a enterarse” y después, tras su insistencia, le he dicho “Que se vaya usted al Registro del Ministerio del Interior y deje de molestarme para pedir datos que o son públicos o están protegidos”. En ese momento, el funcionario al habla ha exclamado, y en esta ocasión no tengo ninguna duda sobre la literalidad de su expresión “Váyase a tomar por culo”. Y ha colgado.
Por si fuese de interés, ambas conversaciones, tanto la del viernes pasado como las de esta mañana han tenido lugar en presencia de testigos, que podrían validar mi trato educado y la exactitud de mis palabras.
Por todo lo anterior, vengo a manifestar a ese Juzgado tenga en consideración lo anteriormente expuesto y realice las averiguaciones oportunas en los siguientes aspectos que como ciudadano me parecen preocupantes.
a) Si se pudiese estar confeccionando un censo que investigue a militantes políticos y sindicales de la localidad, con fines que desconozco pero que pudiesen vulnerar la letra y el espíritu de la Constitución Española, que en sus artículos 6 y 7 reconoce expresamente para los partidos y sindicatos su libre actividad, reflejando expresamente que “su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro delr espeto a la Constitución y a la ley”.
b) Si ese censo cumple la obligación de comunicarse fehacientemente a las personas y entidades incluidas en el mismo, así como el resto de obligaciones que prevee la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos.
c) Si el comportamiento del funcionario policial en la conversación que ha mantenido conmigo en la que me ha exclamado “Váyase a tomar por culo” supone –además de la evidente desconsideración y falta de respeto que me merezco personalmente como cualquier otro ciudadano– alguna acción que sea reprochable de forma administrativa o penal. Sobre todo teniendo en cuenta la especial relevancia de los hechos en relación a la dignidad del cargo público que ostenta.
En todos los casos, además del citado en último lugar, solicito al Juzgado de Guardia la calificación de los hechos, por si pudiese ser constitutiva de infracción administrativa o delito, tanto contra las libertades públicas fundamentales como contra la intimidad y el honor de personas e instituciones.
Es de justicia que se solicita en Estepona a 25 de junio de 2013
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