Xunta y Ministerio de Medio Ambiente niegan información sobre los cinco proyectos solicitados para Galicia.
España es, con diferencia, el país europeo con mayor superficie destinada al cultivo del maíz transgénico, que acaba de prohibir Alemania por un presunto riesgo para la biodiversidad y el medio ambiente, medida que previamente habían adoptado otros siete países, entre ellos Francia.
Las casi 80.000 hectáreas cultivadas con la variedad MON 810, la única que autoriza la Unión Europea, representan más del 22% del cultivo de maíz en España y suponen una producción mayor que la del conjunto de los otros seis países comunitarios -ver gráfico- que actualmente liberan semillas modificadas genéticamente para la producción de cereal.
España, ahora, se encuentra cada vez más sola en su defensa de los transgénicos en Europa, en especial a raíz de la prohibición adoptada por Alemania, una decisión aplaudida por la Plataforma Antitransxénicos de Galicia y condenada por la multinacional Monsanto, la poseedora de la patente del maíz MON 810. La compañía anunció ayer medidas jurídicas contra la postura del Gobierno germano. Ursula Luttmer Uazane, dirigente de la filial alemana, explica en un comunicado que su variedad de cereal es «segura para la salud humana, para los animales y para el medio ambiente». «Los argumentos que provocaron la decisión de la ministra no permiten dudar sobre la seguridad del producto. No justifican una prohibición de su cultivo», añade.
El maíz BT de la variedad MON 810 todavía no ha entrado en Galicia, pero podría hacerlo. El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino tiene encima de la mesa cinco solicitudes para el cultivo experimental de esta y otras variedades en Arzúa, Vilalba, Chantada, Ribeira y Mesía. Pero ni el organismo central ni el autonómico ofrecen información sobre el proceso. Así lo denunció ayer la Plataforma Antitransxénicos de Galicia, que ha presentado una queja al Valedor do Pobo y un recurso de alzada al ministerio de Elena Espinosa. «Atopámonos cunha total descoordinación entre a Administración central e a autonómica, uns remítennos a outros e ningún nos dá unha contestación, é un total obscurantismo cando os cidadáns teñen dereito a estar informados», subrayó la abogada de la entidad, Montse Valencia.
Fuente:
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/04/16/0003_7654849.htm
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