De todos los errores de Zapatero, que son muchos, su hostilidad a la empresa es el más dañino para España, un país al que el mal gobierno socialista, probablemente el peor en los últimos dos siglos, está llevando hacia la pérdida de la prosperidad y la derrota como pueblo.
El gobierno mantiene una relación más o menos fluida con las grandes empresas, pero no se entiende con el 95% de las empresas españolas, que son pymes. La mala gestión de la crisis ha provocado en España la desaparición de casi 200.000 empresas, mientras que hay otras tantas en situación dramática.
¿Quien pagará por los errores de Zapatero? La democracia española es tan imperfecta y está tan trucada que convierte en impunes a dirigentes que, con su mal gobierno, están destruyendo espacios vitales de la nación, como es el tejido productivo. Zapatero, probablemente, saldrá del gobierno sin sufrir el castigo que merece como destructor de la prosperidad española, lo que significa una injusticia frustrante para las miles de víctimas de un gobernante que ha demostrado con creces no tener la altura política y moral que España necesita.
Los autónomos españoles, mitad empresarios y mitad trabajadores, están siendo masacrados por el aterrador binomio gabierno-sindicatos, lo que representa una temeridad y un error de gravísimas consecuencias para una economía donde las pequeñas empresas, pequeños comercios y talleres generan más del 90 por ciento del trabajo existente. Cientos de miles de autónomos han cerrado sus pequeñas empresas y talleres y ya no producen ni dan empleo, mientras otros muchos han emigrado hacia la economía sumergida. Un paseo por los centros comerciales de nuestras ciudades y pueblos es suficiente para percibir que miles de tiendas han cerrado y que los locales vacíos siembran de pobreza y desesperación el paisaje económico de España.
Los dos grandes sindicatos españoles, atiborrados de dinero y de privilegios por el gobierno, son incapaces de defender a los obreros y empleados y sólo representan ya a sus afiliados y a los 300.000 liberados que viven sin trabajar en esta España postrada. La frustración y el rechazo que provocan en la ciudadanía han conseguido que los sindicatos pierdan el prestigio que ganaron en la Transición y que compitan ya con la SGAE y con el propio gobierno por ocupar los puestos de cabeza en el ranking español del descrédito.
Ante la incomprensión y acoso que sufren por parte del gobierno y de los sindicatos, decenas de miles de empresarios españoles han decidido no poner un sólo euro en la economía mientras que Zapatero permanezca en el poder. Ese boicot silencioso y defensivo frente al dirigente que les agrede convierte al gobierno en un lastre para el despegue de España.
Haciendo gala de una irresponsabilidad impropia de un gobierno democrático, Zapatero y sus sindicalistas subvencionados se dedican a echar a los parados en contra de los pequeños y medianos empresarios, cuando las pymes y las microempresas están cerrando sus negocios de manera inevitable, por culpa de una crisis que el gobierno no es capaz de combatir.
El gobierno y los sindicatos, necesitados de optimismo, alteran la realidad y mienten cuando afirman que el ritmo de destrucción de empleos y de empresas está descendiendo. Su análisis es falso y perverso porque ocultan que el ritmo desciende por lógica, ya que cada día quedan menos empresas que puedan cerrar y menos empleados que puedan perder su trabajo.
El letal binomio Zapatero sindicatos se niega a realizar las reformas que España necesita y que le recomiendan los expertos y las grandes instituciones y foros internacionales, entre ellas las tres mas urgentes: la fiscal, la laboral y la educativa . Y lo hacen porque prefieren anteponer su poder y sus privilegios al bien de España. Afirman que los obreros no deben perder sus derechos, pero ocultan que con ellos al mando cientos de miles de trabajadores están siendo expulsados de sus hogares, que no pueden pagar, después de háber perdido ya el trabajo, que es el más fundamental de los derechos y el único que otorga dignidad. Hablan de prestaciones sociales, pero no se dan cuenta que la mejor prestación social es el trabajo y que los subsidios del gobierno a los desempleados son limosnas disfrazadas que vulneran los derechos fundamentales y destruyen la dignidad.
En esta situación de injusticia, desencanto y hundimiento, lo más triste y escandaloso es que el gobierno y la casta privilegiada política y sindical ni siquiera hayan tenido el gesto ejemplar de bajarse sus ostentosos salarios y privilegios para ofrecer a los millones de desempleados españoles un gesto de ejemplo y solidaridad. La ostentación, la arrogancia y la insensibilidad de los nuevos amos, que siguen exhibiendo sus coches oficiales, guardaespaldas, sueldos, pensiones de lujo y demás privilegios diversos ante una sociedad desmoralizada y que se sumerge en la pobreza, son sencillamente despreciables.
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