En su avance hacia un fascismo "popular", el progresivamente totalitario Gobierno socialista de España pretende ahora limitar las atribuciones de la llamada acción popular, es decir, que "la acusación popular no quede como parte única en un proceso y sólo pueda impulsar la acción penal si la Fiscalía [al sevicio del partido gobernante] o la acusación particular también lo hacen".
Todo esto es una reforma ex profeso para impedir que partidos políticos completamente legales, como la Falange -pero en el ámbito opuesto del partido gobernante- no puedan interponer denuncias como la realizada contra Garzón por presunta prevaricación, juez que -ahora- ha alcanzado las simpatías gubernamentales cuando, hace años, ellos mismos lo consideraban la bestia que pretendía destruir el "socialismo".
Este juez goza para mí de cierta simpatía -en contra de lo que muchos pudieran pensar-, pues fue el que puso en jaque al socialismo español cuando descubrió que fue en el seno del mismo desde donde se arbitró el chapucero montaje del grupo terrorista GAL, por el que fueron encarcelados sólo algunos de sus tejedores y nunca los auténticos titiriteros que se ocultaban tras la iniciativa fascista. El GAL no es sino un ejemplo más del terrorismo que, en España, siempre ha partido de grupos izquierdistas.
Este Gobierno nos encamina hacia un profundo totalitarismo, como puede verse con otras iniciativas, como la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible o la implantación del documento nacional de identidad electrónico, que todos los españoles parecen asumir con la alegría del sumiso lacayo.
Pero este totalitarismo, no ya en ciernes, sino real, bien asentado en el engranaje institucional de nuestro país, no es nuevo: sus comienzos ya se vislumbraron durante el anterior Gobierno socialista de Felipe González, etapa que, en mi opinión, fue aún mucho negativa que la actual -aunque dentro de poco, ésta la superará-, con un paro incluso superior (no del 20,5% de ahora, sino del 24,5%), una desmantelación total de la industria española, una corrupción institucional sin límites y tres devaluaciones de la peseta en el mismo año.
En la época de Felipe González ya empezó esté sometimiento totalitario de España, cuando se impuso la elección de los miembros del Consejo general del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por parte de los partidos políticos -con lo que la independencia judicial en España quedó sepultada para siempre- y se suprimió el Recurso Previo de Inconstitucionalidad, con lo que leyes autonómicas, como el xenófobo y separatista Estatuto de Autonomía de Cataluña, pueden campar ahora por sus respetos e imponerse por la vía de los hechos.
El camino del sometimiento de los débiles a los poderosos quedó también reforzado en la época de González cuando éste permitió igualmente que las empresas de trabajo temporal pudieran mediar dentro del mercado laboral, convirtiéndose en unos intermediarios explotadores que se quedan con un porcentaje del salario de humildes trabajadores.
El fascismo y el socialismo, como puede verse por todo esto, no son extremos opuestos, sino extremos que se tocan.
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