Rechazo unánime de movimientos sociales y oposición a la “ley de la patada en la boca” del Gobierno

Interior ultima un anteproyecto que prevé multas de hasta 600.000 euros para manifestaciones como ‘Rodea el Congreso’

 

Después del periodo estival, (donde el paro no ha dado respiro). Vuelve  la represión gubernamental, como  única forma que tienen de frenar en descontento social, que va en aumento. Favorecido  por las mal llamadas políticas económicas de los mercados financieros, formados  por una panda de mafiosos , pertrechados bajo la UE y el BCE , cuyo objetivo es exprimirnos   y desangrar  a nuestro país, obligándonos a aceptar políticas ajenas a nuestros intereses,   para ponernos en manos de los prestamistas judios de la mal llamada Unión Europea.

Manifestantes de la movilización ‘Rodea el Congreso’. (LUIS MARCHAL)

Movimientos ciudadanos como el 15-M, 25-S, Democracia Real Ya o la PAH, así como las fuerzas políticas en la oposición han recibido con duras críticas el anteproyecto que impulsa el Gobierno bajo el nombre de Ley de Seguridad Ciudadana, que establece desorbitadas multas de hasta 600.000 euros para manifestaciones, y para la que han surgido ya sobrenombres como “ley de control ciudadano”, “ley del miedo”, o “ley de la patada en la boca”.
Altas multas para escraches o concentraciones ante el Congreso
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, llevará el anteproyecto de ley previsiblemente al Consejo de Ministros, el próximo viernes. El polémico borrador contiene castigos para quienes insulten a los policías, quemen contenedores y hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios, pero también para quienes simplemente participen en escraches o se manifiesten sin permiso ante el Congreso de los Diputados. Concentrase o reunirse sin permiso ante Las Cortes será considerada una infracción muy grave multada con una sanción de entre 30.001 euros y 600.000 euros.

Una ley que recuerda a la “represión franquista”
Movimientos sociales, como el 15-M han recibido la nueva normativa como un intento del Gobierno por “imponer la ley del miedo” y “criminalizar cualquier acto de protesta” como ya ocurría en la “época de la represión franquista”. Así lo ha considerado el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló.
Una ley mordaza
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el asor jurídico Rafa Mayoral, ha dicho, en declaraciones a Europa Press, que “es una vuelta de tuerca” del Gobierno para “intentar amedrentar” con una “salida autoritaria” y una “ley mordaza para callarnos la boca”.
Fascismo puro
En la misma línea, el también miembro de la PAH, Chema Ruiz, ha considerado que “es fascismo puro” y la forma que ha encontrado el Gobierno “para generar la mayoría silenciosa de la que siempre habla el presidente Mariano Rajoy”.
A falta de legitimidad social, represión
La Comisión Legal de la Acampada Sol, que es una de las ramas del 15-M en Madrid, cree que la futura ley es una “muestra evidente del aumento de las políticas represivas para la ciudadanía”. Mientras, la Coordinadora 25-S, convocante de las protestas que llamaban a rodear el Congreso de los Diputados, ha considerado que “cuando el régimen siente que está aplicando una serie de medidas que están provocando mucho sufrimiento y que está habiendo respuesta social lo que hace es blindarse. Cuando le falla la legitimidad social aumenta la represión”, pero ha advertido de que “las respuestas sociales van a seguir”.
El PSOE cree que no es propia de un Gobierno democrático
Las formaciones políticas han mostrado también su rechazo al anteproyecto del Gobierno. La socialista Soraya Rodríguez ha dicho en la rueda de prensa tras la junta de portavoces en el Congreso que se trata de “un proyecto de represión ciudadana”, que “no es necesaria”, y propia de “otros regímenes que no son democráticos” y ha anunciado que su partido se opondrá a la normativa.
Ley de la patada en la boca
Izquierda Plural considera que la norma que prepara el Ministerio del Interior debería llamarse “ley de la patada en la boca a la democracia”, en referencia a la ley de seguridad de 1992 propuesta durante la etapa de Corcuera al frente de Interior, conocida como “la ley de la patada en la puerta”. El diputado de ICV y portavoz adjunto de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha señalado que lo que pretende el Gobierno es “abrir una ofensiva brutal contra los derechos civiles”. A su juicio, la suma de este anteproyecto más la anunciada reforma de la Ley de Aborto y el proyecto de Código Penal, van a transformar España de un “sistema autoritario” a un “régimen totalitario”.
Coscubiela ha garantizado que su grupo hará lo posible por lograr que ese proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana “nazca muerto”, para lo cual ha animado a promover “movilizaciones preventivas” en su contra.