Nuestra salud está en peligro

“Tu salud está en peligro”.

El objetivo es hacer llegar a usuarios y trabajadores de la sanidad la información fundamental sobre el proceso de privatización y desmantelamiento de los servicios sanitarios públicos.

Estas noticias no van a llegarte por ningún gran medio de comunicación. Su silencio cómplice, así como el de los grandes sindicatos y partidos políticos, son piezas clave para que el pueblo no se entere de lo que pase y no interfiera en el negocio.

La privatización tiene muchas facetas, pero la clave es esta:
Suelo, dinero y pacientes públicos para el beneficio de la empresa privada. La ley 15/97: la llave maestra de la privatización El 24 de noviembre de 2009 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una propuesta de IU para valorar la posible modificación de la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión en la sanidad pública. No se trataba de derogar esa Ley que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión y en la prestación de servicios, ni siquiera se acordaba modificarla. Sólo se aprobaba “considerar” si se cambiaba algo.

El voto a favor del PSOE, determinante para que saliera adelante esta propuesta, se produjo trece años después de que hubiera votado a favor de esta Ley con el PP y con las derechas nacionalistas. Este aparente cambio de posición fue el resultado de las presiones internas de
quienes valoraban que la “foto de familia” del PSOE con el PP en el tema de la sanidad no era
muy oportuna electoralmente cuando la gente estaba manifestándose en la calle y se habían presentado más de 400.000 exigiendo la derogación de la Ley 15/97.

Siete meses después, el parto de los montes no ha producido ni un mísero ratón. Nada de nada.
Semana tras semana, el PP y el PSOE solicitan en la Comisión de Sanidad del Congreso la
ampliación del plazo para presentar enmiendas sin que hasta ahora se haya inscrito ninguna.
Quienes creían que algo, aunque no fuera muy importante, se cambiaría, han pecado – por ahora
– de optimistas. Más parece que se trata de maniobras dilatorias esperando que los calores
del verano permitan camuflar mejor la evidencia de que los poderosos intereses económicos de la
privatización unen a las fuerzas políticas, independientemente de su color. Para quienes sufrimos las consecuencias de esa Ley en la degradación galopante de la sanidad que, aunque la pagamos todos, es cada vez menos pública, queda claro que parar la privatización, revertir a manos públicas lo privatizado y mejorar la calidad es posible, si se acumula la fuerza suficiente. Y eso se logra con la información y la movilización. En eso estamos. No recibimos ninguna subvención ni la queremos porque hemos aprendido que sin independencia económica no hay independencia del poder. El trabajo voluntario de gente de tu barrio o de tu pueblo es el que hace posible que esta información te llegue. Si puedes, colabora económicamente y lo más importante, colabora a su difusión.

¿POR QUÉ Y CÓMO SE PRIVATIZA UN SERVICIO PÚBLICO DE SALUD?

La privatización de la gestión de los centros sanitarios, cualquiera que sea la modalidad
empleada implica la búsqueda prioritaria de beneficios, sin control de calidad público alguno,
ya que la evaluación de la gestión también está en manos privadas.

El mecanismo es, desgraciadamente, bien conocido ya:

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- Devaluar y evitar la atención debida a quienes generan mayor gasto: personas mayores con
patologías múltiples, enfermos crónicos y en general personas sin recursos que acumulan todo
tipo de necesidades.
- Ejercer presión o incentivar económicamente, sobre todo a los médicos para que disminuyan la
indicación de ingresos, den altas rápidas, soliciten menos pruebas diagnósticas, etc.
- Reducir plantillas de trabajadores sanitarios y no sanitarios, y precarizar sus relaciones laborales.

Las consecuencias están aseguradas. El ahorro en personal y recursos, único mecanismo que
garantiza el negocio privado, redunda en descensos brutales de la calidad y el correspondiente aumento de la mortalidad hospitalaria, en la disminución del diagnóstico precoz y, en general, en un deterioro inaceptable de la calidad de la atención de todas las personas.
Por desgracia, todo este enorme proceso de privatización que afecta todos los nuevos hospitales madrileños y que se está extendiendo a toda la sanidad madrileña, es perfectamente legal. Si no fuera así, podríamos denunciarlo ante los Tribunales.
El marco legal que ampara toda esta aberración está amparado por la Ley 15/97, de "Habilitación de Nuevas Formas de Gestión", aprobada cuando el PP gobernaba en minoría y apoyada (sin su voto no hubiera prosperado) por los votos del PSOE.
Los pasos han sido los siguientes:

PRIMERO HAN PRIVATIZADO LOS HOSPITALES...
Fuente: casmadrid.org
El modelo elegido por la Comunidad de Madrid hipotecará durante un mínimo de 30 años a la
población de Madrid, para pagar el alquiler de unos hospitales que por primera vez no son
públicos, sino propiedad de empresas privadas. El coste de un hospital por este sistema es entre
4 y 5 veces más caro que de la forma tradicional (el nuevo hospital de Vallecas cuesta alrededor
de 107 millones de €, pero pagaremos más de 500 millones de €).

Como mínimo se pagará a las empresas alrededor de 160 millones de € durante el 2008 en concepto de alquiler (casi 30.000 millones de las antiguas pesetas), dinero que con toda seguridad se reducirá de los presupuestos sanitarios (gastos de los pacientes y sueldos y contratos de trabajadores), por lo que la asistencia se deteriorará aún más.Las empresas propietarias esperan rentabilidades anuales del 15-25 % de lo invertido. Como ejemplo, en Gran Bretaña, un hospital de modelo similar al de Vallecas, el hospital universitario de Norfolk y Norwich, ha dado a los inversores privados unas rentabilidades del 70 % sobre la inversión original de los contratistas.

DESPUÉS HAN PRIVATIZADO LOS LABORATORIOS...
Aunque los nuevos hospitales se ubican en zonas donde ya existen laboratorios públicos que
procesan las muestras, la Comunidad pretende agrupar estos laboratorios en un macroservicio
en la Fundación Alcorcón -gestión privada-, sin cerrar la posibilidad de su futura externalización. La movilización de los laboratorios y sus planteamientos (defensa del modelo público, laboratorios y plantillas acordes a la dimensión y actividad de los nuevos hospitales, no a los macrolaboratorios, no a la disminución de camas y mantenimiento de las relaciones y condiciones laborales públicas), representan la primera respuesta de unos profesionales sanitarios a los nuevos hospitales en una situación caracterizada por el escaso movimiento de trabajadores y ciudadanos, mecidos por la débil respuesta de la oposición política y el silencio sindical. Su importancia radica en que desvela en los hechos los aspectos cruentos que acompañan a los nuevos hospitales y la finalidad del gobierno de la Comunidad de imponer un nuevo modelo
sanitario, pudiendo extenderse en el actual panorama, de ahí las respuestas desairadas que
han recibido desde diferentes lugares.

Y AHORA ESTÁN PRIVATIZANDO LOS AMBULATORIOS...
El pasado jueves 24 de abril se hizo público el concierto singular de carácter marco de 28 de
diciembre de 2006, por el cual el SERMAS vendía a la Fundación Jiménez Díaz – Unión Temporal de Empresas, toda la asistencia hospitalaria urgente y programada, de atención especializada, los diagnósticos de laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía patológica y endoscopias de la población de las 14 Zonas Básicas de Salud siguientes: Aravaca, Casa de Campo, Argüelles, El Pardo, Cortes, Justicia, Universidad, Palacio, Embajadores I y II, Andrés Mellado, Imperial, Acacias y Palos de Moguer. Para ello se le ceden los centros de especialidades públicos de Quintana y Pontones. La empresa adjudicataria es la multinacional Capio, que a su vez es propiedad del fondo de capital / riesgo norteamericano Apax Partners. Este tipo de empresas se caracteriza por la búsqueda de la rentabilidad a corto plazo, a costa de lo que sea, incluida la propia supervivencia de la actividad y la continuidad del servicio.

¿QUE SERÁ LO SIGUIENTE?...
Los centros de salud correspondientes a esas zonas básicas, son con toda seguridad el siguiente objetivo, ya que son imprescindibles para asegurar la rentabilidad económica de la operación, al pasar a desempeñar un papel reductor de las derivaciones a especializada.

Noticias breves:
Mentiras repetidas para colarnos el copago: Hacer pagar al paciente acabaría con el despilfarro y aseguraría un mejor uso de los servicios de salud.

La realidad: la gente no va al médico o al hospital como el que va a la compra. La mayor parte del gasto no depende del paciente, sino que es indicado por el médico (pruebas diagnósticas,
medicamentos, ingresos hospitalarios, etc). En una región canadiense en la que se introdujo
el pago por ir al médico fueron la consecuencia fue que las personas mayores y los más pobre
redujeron en un 18% el número de consultas médicas, acudiendo al médico cuando la enfermedad estaba más avanzada y el tratamiento era más costoso, además del aumento del riesgo de morir.
El nuevo hospital de Villalba listo para ser adjudicado a una empresa privada. Después de que el hospital de Torrejón se adjudicara a la empresa Ribera Salud y el de Móstoles se le diera a Capio, el nuevo hospital de Villalba está a la espera de ser adjudicado. Como todos los nuevos hospitales será construido sobre suelo público cedido gratuitamente por los ayuntamientos respectivos. La novedad en este caso es que quien ha proporcionado el suelo es el gobierno municipal del PSOE en Villalba, que dice oponerse a la gestión privada.

El rey, tras operarse en una lujosa clínica privada con recursos públicos, dice que la sanidad pública es excelente. El rey Juan Carlos, tras ser operado de un día para otro en Barcelona, cantó las excelencias de la sanidad pública catalana y madrileña. El asunto es si lo que él vivió tiene algo que ver con lo que la ciudadanía de a pié vive un día tras otro. En 80 horas fue diagnosticado, operado y dado de alta en una clínica privada que funciona como tal dentro del Hospital Clínico, parasitando sus recursos públicos y ofreciendo lujosas instalaciones a quienes lo pagan. Como casi siempre no se enteran de en qué país viven: de las listas de espera, de las camas en los pasillos, de la escasez de personal y recursos, etc. Mucho menos saben de sus consecuencias: las invalideces, las muertes y muchas veces la pérdida del trabajo por bajas
prolongadas a consecuencia de complicaciones perfectamente evitables. Si vive en un mundo de lujo, pagado además con nuestros impuestos, más vale que además no se ría de nosotros.

Plan de ajuste contra los trabajadores, mientras los capitalistas se forran. Sólo la movilización puede pararles. Las medidas anunciadas por el gobierno el 12 de mayo, en contra de todas sus declaraciones anteriores, van dirigidas a que la crisis la paguemos los trabajadores.
En un país con el doble de parados que la UE, más de un millón de personas sin recibir prestación social alguna y uno de los más bajos gastos sociales, y mientras empresarios y banqueros exhiben beneficios insultantes, un gobierno que se dice “de izquierdas” se ha puesto
de rodillas ante el gran capital y ha decidido: congelar las pensiones, rebajar un 5% los salarios de los trabajadores del sector público, eliminar la retroactividad de las prestaciones por Dependencia, eliminar la prestación por nacimiento de hijo de 2.500 euros/año. A todo ello hay que añadir las ya anunciadas como subida del IVA un 2%, retraso en la edad de jubilación a 67 años y reducción de las pensiones y las que están negociando como abaratamiento del despido (33 días/año) e introducción de las ETTs en todos los sectores. Mientras tanto se han inyectado 230.000 millones de euros a la banca, se eliminaron los impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones, se crearon las SICAV para que las grandes fortunas tributen al 1% (los trabajadores lo hacemos al 20%) y se mantiene un inmenso fraude fiscal del capital. No se toca un euro de los gastos militares, las subvenciones a la iglesia, a la casa real, a las legiones de altos cargos y asesores o a las jugosas subvenciones a partidos y sindicatos para mantener la “paz social”

Estamos ante una guerra contra los trabajadores, declarada por los mismos que han provocado la
crisis: un capitalismo especulador e insaciable que mueve como auténticas marionetas a unos
políticos cada vez más corrompidos. La lucha y la movilización social, en este caso la huelga general, es la única posibilidad de mostrarles que somos la inmensa mayoría y que no estamos dispuestos a tolerar que liquiden siglos de conquistas obreras.