Los agentes podrán trasladar a comisaría para su identificación a aquellas personas de las que "razonable y fundadamente" crean que están "en disposición de cometer un ilícito penal". Es decir, a quien quieran.
Así consta en una circular publicada por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que prohíbe el establecimiento de cupos de detención de inmigrantes irregulares o las redadas indiscriminadas "basadas únicamente en criterios étnicos".
La orden especifica que las identificaciones de personas que infundan sospechas se realizarán de forma "proporcionada, respetuosa y del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo".
Reitera también la prohibición de "actuaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas" o que supongan una extralimitación de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, resalta la improcedencia de trasladar a dependencias policiales a los ciudadanos extranjeros, cuya estancia irregular en España se constate tras su identificación, "siempre que se haya comprobado su identidad y justifique un domicilio".
No obstante, autoriza el trasladado a comisaría de aquellas personas sin identificar de las que pueda presumirse que se hallan en disposición actual de cometer un delito o de aquellas que "hayan incurrido en una infracción administrativa".
Asimismo, la "prevención" será el objetivo principal de los dispositivos policiales que se dirigirán a "erradicar las redes de inmigración ilegal y trata de personas", así como a la expulsión de aquellos extranjeros en situación irregular sujetos a procedimientos penales.
La nueva instrucción, anunciada por la Dirección General de la Policía, recoge las normas ya transmitidas por el comisario general de Extranjería y Fronteras tras las modificaciones legislativas introducidas en la Ley de Extranjería en 2000 y pretende "eliminar cualquier ambigüedad" o interpretación imprecisa.
El texto reconoce que una anterior circular del año 2010, dictada durante el gobierno socialista, suscitó "cierta confusión" que pudo derivar en "interpretaciones erróneas" de la norma.
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