Por Ángel Páez
LIMA, 19 oct (IPS) - - La absolución en uno de los 20 procesos
contra el prófugo ex presidente peruano Alberto Fujimori
beneficia su imagen, pero no lo libra de otros graves cargos que
abarcan desde enriquecimiento ilícito hasta crímenes de lesa
humanidad. El dictamen ya fue apelado.
La Sala Penal Especial del Tribunal Supremo exculpó el martes a
Fujimori (1990-2000), prófugo en Japón.
Los fiscales anticorrupción lo habían acusado en 2003 por la
aprobación ilegal en 1995 de la compra de repuestos para
helicópteros rusos Mi-17 y camiones Mercedes Benz por 7,2
millones de dólares a la empresa Mobetek del israelí Moshe
Rothschild, el principal vendedor de armas al régimen de Fujimori.
Según el tribunal, no existen pruebas de que Fujimori
favoreció a Rothschild, más conocido en Perú como "El señor de
los sobornos".
Lo cierto es que un año después de esa operación, Fujimori
autorizó otra compra a Rothschild, de 36 aviones combate MiG-29
y Sukhoi-25 por 410 millones de dólares, para hacer frente a una
eventual guerra con el vecino Ecuador por una disputa limítrofe.
Cuando se reveló que el traficante de armas había pagado
sobornos de por 12 millones de dólares al asesor presidencial
Vladimiro Montesinos por la venta de las aeronaves de guerra, el
propio Fujimori admitió públicamente que su colaborador había
cobrado una "comisión" y se disculpó diciendo que su hombre de
confianza "actuaba en la oscuridad".
Montesinos está ahora preso en Perú, tras haberse fugado en
2000 a Panamá, cuando el régimen fujimorista se desmoronaba y
poco antes de que su jefe, el presidente, hiciera lo propio.
Según el fallo del tribunal, no hay evidencias que acrediten
que Fujimori se confabuló con Rothschild para la operación.
"El tribunal no halló culpable a Fujimori por sus tratos con
Rothschild porque no validó las pruebas que se le entregaron",
dijo a IPS el abogado del Estado, Héctor Gutiérrez Ballón.
"Porque encontramos defectos en la sentencia que favorece al
ex presidente, apelamos el fallo de inmediato", indicó.
El fiscal que sustentó la acusación contra Fujimori, Avelino
Guillén, también apeló el dictamen.
Pese a las "pruebas fehacientes que acreditan los delitos,
éstas no fueron lo suficientemente valoradas. Estamos en
desacuerdo con la absolución, por eso apelamos", explicó Guillén
a IPS.
La investigación del caso fue iniciada por una comisión
parlamentaria que encabezó el legislador Rafael Valencia Dongo,
la que concluyó en 2001 que Fujimori y su ministro de Economía,
Jorge Camet, cometieron delito.
El informe de la comisión fue aprobado por el Congreso
legislativo en 2002, y pasó a manos de la fiscalía, que ratificó
la acusación. La defensa del Estado (procuraduría) también indagó
el caso y halló responsabilidad del ex presidente en 2004.
"Nuestra investigación determinó que Fujimori favoreció a
una empresa que estaba prohibida de vender al Estado, y por eso
el Congreso lo acusó. Me sorprende que el tribunal supremo no
coincidiera con nuestro trabajo", dijo a IPS el congresista
Rafael Valencia.
"Acusamos con pruebas contundentes", añadió.
Para César Pantoja, ex abogado del Estado que estuvo a cargo
del caso, no se debe sobredimensionar el fallo. "Fujimori
sostiene que no vuelve a Perú porque la justicia está manipulada.
Ahora esa justicia lo ha absuelto. ¡Qué mejor demostración de que
no es un perseguido político!", señaló a IPS.
El abogado de Fujimori en Lima, César Nakasaki, celebró la
exculpación de su defendido y resaltó que se trataba del primer
paso "para desbaratar el resto de acusaciones infundadas".
Nakasaki era un crítico severo del sistema judicial
anticorrupción. Ahora lo aplaude.
Pero, ¿la absolución afectará el proceso de extradición de
Fujimori, quien se refugia en Tokio desde 2000, luego de haber
huido de Perú siendo presidente y haber adoptado la ciudadanía
japonesa?
El abogado Gutiérrez Ballón estima que no.
"El fallo absolutorio no está consentido porque lo apelamos
y por lo tanto no genera efectos legales. Así que no afecta el
proceso de extradición sobre este caso. Por cierto, Japón tiene
otros pedidos de extradición por delitos más graves, uno de ellos
por los crímenes de un grupo paramilitar, sin contar otros que
están en curso, por haberle entregado 15 millones de dólares a
Montesinos para que fugara a Panamá y por enriquecimiento
ilícito", indicó Gutiérrez.
Pero Gutiérrez Ballón reconoció que la absolución "va a ser
explotada como propaganda por Fujimori para decir que es
inocente de todos los cargos".
El dictamen aparece en el contexto de una disputa entre el
Tribunal Constitucional (TC) y el Jurado Nacional de Elecciones.
El TC mediante tres fallos estableció que Fujimori no puede
ser candidato presidencial porque el Congreso le suspendió sus
derechos políticos hasta 2010, pero el jurado electoral hasta
ahora no se pronuncia al respecto, en medio de anuncios del ex
mandatario de que se postulará a los comicios presidenciales del
año próximo.
El presidente del jurado electoral, Enrique Mendoza,
sostiene que no puede adelantar su pronunciamiento hasta que
Fujimori formalice su candidatura.
¿Y si el jurado electoral aprueba la candidatura del
prófugo? Mendoza considera que el TC no debería revisar esa
decisión, porque los fallos electorales son inapelables y no
revisables en otra instancia.
El presidente del TC, Javier Alva Orlandini, advirtió que el
jurado electoral pretende convertirse "en un poder autárquico"
por no aceptar la revisión de aquellas sentencias que
eventualmente violen los derechos de los ciudadanos.
Los presidentes de ambos órganos midieron fuerzas ante el
Congreso esta semana. Después de escuchar sus argumentos, en
menos de 15 días el Poder Legislativo deberá pronunciarse.
"El Tribunal Constitucional ha declarado que el Congreso,
mediante resolución legislativa, inhabilitó a Alberto Fujimori
por 10 años para ejercer cualquier función pública. Ese mandato
está vigente", dijo a IPS el presidente del TC, Alva Orlandini.
"El jurado electoral no es una isla. Todos los órganos están
sujetos al principio de la constitucionalidad y es atribución
del tribunal que presido hacer prevalecer la Constitución. Es
nuestro deben revisar las sentencias que vulneran los derechos
fundamentales de las personas", añadió.
La posición de la autoridad electoral cuenta con respaldo de
algunos partidos, como Nueva Mayoría y Sí Cumple, que agrupan a
fujimoristas que pretenden postular al ex mandatario prófugo.
Los dos grupos políticos también coinciden en haberse negado
a firmar el Pacto Ético del jurado electoral para garantizar la
transparencia de los comicios del próximo año. (FIN/2005)
Escribe el resto de la entrada aquí (Ya completo...)
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