El muro

El sistema burocrático, tal como se concibe hoy, sólo sirve para alterar nuestra conciencia ciudadana.
05/09/2007 LORENZO Cordero
Paradójicamente, esta democracia, que, según dicen, "nos dimos los españoles" hace treinta años, es el primer factor determinante de la alienación ciudadana. No es el único. Hay más: los partidos, sus programas políticos; los líderes de los partidos, sus desmedidos protagonismos mediáticos; los gobernantes, sus planes para el desarrollo progresista y progresivo... Pero el sistema burocrático, tal como se concibe en la actualidad, solo sirve para alienarnos. Es decir, para alterar nuestra conciencia ciudadana. Los ciudadanos asistimos a este espectáculo político convencidos de que nuestro único papel consiste en aplaudir las sublimes decisiones que toman los protagonistas del sistema; en la creencia de que la clase dirigente --a menudo aliada con los interesados lobbies económicos-- trabajan para mejorar nuestras vidas.

Esto significa que, en realidad, no somos ciudadanos con derecho a participar en la democracia, sino meros individuos que pertenecemos a una claque cuya única misión consiste en jalear a los que deciden por nosotros. La ciudadanía ha sido eclipsada por el poder oligárquico de los partidos. Con lo cual, pongámonos en lo peor: a la democracia la han vaciado de su auténtico sentido; aquel que, cuando se inició, parecía una gran conquista del pueblo que acababa de liberarse --al menos, así lo parecía-- del despotismo de un poder político omnímode y totalitarista.


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No estoy negando la importancia que tienen los partidos para que la democracia de las libertades funcione con las garantías suficientes para confiar en que sólo una sólida democracia es lo mejor para asegurar la dignidad del ser humano, concebida --esa dignidad-- como un fin y no como un medio para instrumentalizarlo en beneficio de inventarios electorales y partidistas. Pero los partidos dejan de ser respetables cuando utilizan al ciudadano para sus propios fines: principalemtne, para conseguir el poder y, luego, perpetuarse en él. En esto consiste la llamada "ley de hierro de la oligarquía": en asegurar el poder a perpetuidad y convertir a la ciudadanía en una masa inerte, que sólo es capaz de someterse a los profesionales de la política.


DURANTE LAdictadura que precedió a esta singular democracia monárquica (lo cual, no quiere decir que la Monarquía sea democrática...), se renegaba del pluralismo ideológico y, como consecuencia, del pluripartidismo. Aquel aberrante sistema estaba confiado a un pensamiento único , que protagonizaba un partido único . No existía la mínima posibilidad de poder polemizar democráticamente; únicamente era posible establecer "el debido contraste de pareceres a través de los cauces legalmente establecidos".

Esta democracia aún conserva viejos vicios políticos de la anterior dictadura. Con la UCD, no se notaba mucho. Con el PSOE, se hicieron visibles. Con el PP, acabaron siendo arrolladores... Uno de aquellos vicios es, precisamente, el protagonista absorbente del partido que gobierna según su turno. Los profesionales del poder invaden sin escrúpulos el ámbito de la sociedad civil. Es cuando uno se da cuenta de que a la democracia, que la habían prometido plural y pluralizante, la han convertido en orgánica : de pensamiento único (el de quienes mandan en ese momento) y de partido único (el que gobierna en ese miso momento).

Es probable que ocurra así porque la mitologíca Transición democrática se planeó y se realizó como si tratara de construir un muro inexpugnable, que preservara a la pactada amnesia histórica , de la memoria democrática que había sido cínicamente excluida: seguramente, para asegurar "la legitimización de la Monarquía como única forma política posible de la democracia española; para que asegurara (...) la continuidad de la estructura social y del poder franquista" ("Memoria democrática". Pag. 137. José Vidal-Beneyto Edit. Foca. Madrid, 2007). Quizás se hizo así también para que no se interrumpiera la fluidez del "debido contraste de pareceres a través de los cauces legales". En esta ocasión, establecidos por la Constitución de 1987; la misma que algunos insisten en interpretarla como si fuera la Ley Orgánica del Estado, de 1966.