Javier Romera/Cristina Caballero
El Defensor del Pueblo andaluz pide la actuación urgente de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía El Ayuntamiento del PSOE tiene ya paralizado en los tribunales otro plan urbanístico en la ciudad
Los inversores y turistas no ganan para disgustos en Andalucía. Tras el escándalo urbanístico de Marbella, otro posible caso de corrupción planea sobre la costa y uno de sus enclaves más carismáticos. Las miradas se dirigen ahora un poco más al sur, hacia la prestigiosa urbanización gaditana de Sancti Petri y todo su entorno, entre finos, caballos de Jerez y campos de golf.
El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera habría permitido supuestamente la construcción de 40.000 viviendas ilegales -10.000 más que en Marbella-, que no contarían con ningún tipo de licencia de obras y podrían estar incluso fuera de los planes urbanísticos aprobados por el municipio.
El Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, ha solicitado la actuación inmediata de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, tras comprobar que se están cometiendo múltiples irregularidades. Y todo bajo el consentimiento del Ayuntamiento de Chiclana, gobernado por el socialista José María Román, y de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
Precinto inmediato
En una reciente resolución, a la que ha tenido acceso elEconomista, Chamizo recomienda, entre otras cosas, que "con carácter de urgencia se precinten todas las obras que no cuenten con la preceptiva licencia y se de cuenta a la autoridad judicial, además de informar de la posible elevación a escritura pública del documento de compra de las nuevas parcelas y en su caso de la inscripción registral".
El Defensor, que insta al Ayuntamiento a "enviar a la Agencia Tributaria la relación de los propietarios del suelo que han parcelado o construido ilegalmente", responde así a una denuncia presentada en abril del año pasado por la organización ecologista Agaden, la Asociación Gaditana para el Estudio y Defensa de la Naturaleza.
En Chiclana han proliferado en los últimos años un gran número de urbanizaciones en el litoral. Con más de 70.000 habitantes empadronados, la localidad se ha convertido en una de las referencias turísticas de la provincia gracias a enclaves privilegiados, como la Playa de la Barrosa o la Sancti Petri. Las edificaciones denunciadas tienen un valor superior en todos los casos a los 300.000 euros. Pero hay situaciones aún peores.
Planes paralizados
El Ayuntamiento, que tiene paralizado por los tribunales el nuevo plan de actuación urbanística, intenta construir 217 chalets de lujo en una zona de gran valor ecológico conocida como el Pinar del Hierro. El precio de cada una de estas casas ronda los 540.000 euros. El Defensor del Pueblo andaluz asegura que el problema es que se está generando en la zona una economía sumergida con "las ganancias ilegales de quienes han especulado con el suelo".
Agaden, que no denuncia viviendas de particulares, sino "suculentos negocios urbanísticos", alerta de que en Chiclana "existen empresas y personas que previo pago de 3.000 euros solucionan cualquier problema de edificación con el Ayuntamiento". Este periódico ha intentado sin éxito obtener la versión del alcalde de la localidad. El regidor de Chiclana tampoco ha contestado nunca a las reclamaciones de las organizaciones ecologistas. La única respuesta partió de la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas, que aunque anunció hace un año que iba a realizar una visita de inspección, no ha tomado todavía ninguna medida al respecto.
Denuncias
Agaden no ha sido, sin embargo, la única que ha dado la voz de alarma. Tanto Izquierda Unida como Greenpeace han denunciado también en varias ocasiones las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en Chiclana de la Frontera. La organización ecologista elaboró ya el pasado mes de julio un informe en que alertaba de que en la provincia de Cádiz había 30.000 viviendas construidas ilegalmente, casi todas en la costa. En su estudio se hablaba ya de 10.000 edificaciones sin licencia en Chiclana, 5.000 en Sanlúcar y 3.000 en el Puerto de Santa María.
Y lo malo es que el Defensor del Pueblo no sólo les ha dado la razón, sino que sus conclusiones son aún mucho más demoledoras. Al igual que Agaden, María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, denuncia "la total pasividad de la Administración local y autonómica" y advierte de que "casi la mitad de los municipios de la provincia están revisando sus planes de urbanismo". Si nadie lo para, en un plazo máximo de 15 años en la costa gaditana se podrían construir más de 100.000 viviendas, poniendo en peligro los ecosistemas de la zona.
Seguros
La pregunta que todo el mundo se hace en Chiclana es si la piqueta amenazará, al igual que ha ocurrido en Marbella, con la demolición de las edificaciones. El pasado viernes, el diario El Mundo adelantaba que en la localidad de la Costa del Sol, una compañía británica de seguros ha rediseñado una póliza exclusiva para los propietarios de viviendas que cubriría su valor en el caso de que los derribos se hicieran efectivos.
La firma, First Title, estima que la mitad de los casi mil expedientes abiertos en el municipio podrían acogerse a esta cobertura. De acuerdo con los cálculos estimativos realizados por la compañía, 30.000 viviendas del municipio marbellí con licencias de edificación concedidas desde 1986 podrían estar afectadas por las irregularidades urbanísticas cometidas en la zona.
Los seguros para atender las necesidades de propietarios pendientes de órdenes de derribo podrían proliferar en los próximos años en España si continúan apareciendo nuevos casos de corrupción urbanística, especialmente en nuestras costas.
Mientras, en Andalucía cada vez son más las organizaciones que reclaman un Plan del Litoral que retrase la línea de urbanización a 500 metros, como han hecho ya Galicia y Asturias en sus espacios costeros. La Junta, que preside Manuel Chaves, tiene ahora la última palabra. De sus acciones depende que se puedan salvar las costas y el futuro del turismo.
Los inversores y turistas no ganan para disgustos en Andalucía. Tras el escándalo urbanístico de Marbella, otro posible caso de corrupción planea sobre la costa y uno de sus enclaves más carismáticos. Las miradas se dirigen ahora un poco más al sur, hacia la prestigiosa urbanización gaditana de Sancti Petri y todo su entorno, entre finos, caballos de Jerez y campos de golf.
El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera habría permitido supuestamente la construcción de 40.000 viviendas ilegales -10.000 más que en Marbella-, que no contarían con ningún tipo de licencia de obras y podrían estar incluso fuera de los planes urbanísticos aprobados por el municipio.
El Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, ha solicitado la actuación inmediata de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, tras comprobar que se están cometiendo múltiples irregularidades. Y todo bajo el consentimiento del Ayuntamiento de Chiclana, gobernado por el socialista José María Román, y de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
Precinto inmediato
En una reciente resolución, a la que ha tenido acceso elEconomista, Chamizo recomienda, entre otras cosas, que "con carácter de urgencia se precinten todas las obras que no cuenten con la preceptiva licencia y se de cuenta a la autoridad judicial, además de informar de la posible elevación a escritura pública del documento de compra de las nuevas parcelas y en su caso de la inscripción registral".
El Defensor, que insta al Ayuntamiento a "enviar a la Agencia Tributaria la relación de los propietarios del suelo que han parcelado o construido ilegalmente", responde así a una denuncia presentada en abril del año pasado por la organización ecologista Agaden, la Asociación Gaditana para el Estudio y Defensa de la Naturaleza.
En Chiclana han proliferado en los últimos años un gran número de urbanizaciones en el litoral. Con más de 70.000 habitantes empadronados, la localidad se ha convertido en una de las referencias turísticas de la provincia gracias a enclaves privilegiados, como la Playa de la Barrosa o la Sancti Petri. Las edificaciones denunciadas tienen un valor superior en todos los casos a los 300.000 euros. Pero hay situaciones aún peores.
Planes paralizados
El Ayuntamiento, que tiene paralizado por los tribunales el nuevo plan de actuación urbanística, intenta construir 217 chalets de lujo en una zona de gran valor ecológico conocida como el Pinar del Hierro. El precio de cada una de estas casas ronda los 540.000 euros. El Defensor del Pueblo andaluz asegura que el problema es que se está generando en la zona una economía sumergida con "las ganancias ilegales de quienes han especulado con el suelo".
Agaden, que no denuncia viviendas de particulares, sino "suculentos negocios urbanísticos", alerta de que en Chiclana "existen empresas y personas que previo pago de 3.000 euros solucionan cualquier problema de edificación con el Ayuntamiento". Este periódico ha intentado sin éxito obtener la versión del alcalde de la localidad. El regidor de Chiclana tampoco ha contestado nunca a las reclamaciones de las organizaciones ecologistas. La única respuesta partió de la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas, que aunque anunció hace un año que iba a realizar una visita de inspección, no ha tomado todavía ninguna medida al respecto.
Denuncias
Agaden no ha sido, sin embargo, la única que ha dado la voz de alarma. Tanto Izquierda Unida como Greenpeace han denunciado también en varias ocasiones las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en Chiclana de la Frontera. La organización ecologista elaboró ya el pasado mes de julio un informe en que alertaba de que en la provincia de Cádiz había 30.000 viviendas construidas ilegalmente, casi todas en la costa. En su estudio se hablaba ya de 10.000 edificaciones sin licencia en Chiclana, 5.000 en Sanlúcar y 3.000 en el Puerto de Santa María.
Y lo malo es que el Defensor del Pueblo no sólo les ha dado la razón, sino que sus conclusiones son aún mucho más demoledoras. Al igual que Agaden, María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, denuncia "la total pasividad de la Administración local y autonómica" y advierte de que "casi la mitad de los municipios de la provincia están revisando sus planes de urbanismo". Si nadie lo para, en un plazo máximo de 15 años en la costa gaditana se podrían construir más de 100.000 viviendas, poniendo en peligro los ecosistemas de la zona.
Seguros
La pregunta que todo el mundo se hace en Chiclana es si la piqueta amenazará, al igual que ha ocurrido en Marbella, con la demolición de las edificaciones. El pasado viernes, el diario El Mundo adelantaba que en la localidad de la Costa del Sol, una compañía británica de seguros ha rediseñado una póliza exclusiva para los propietarios de viviendas que cubriría su valor en el caso de que los derribos se hicieran efectivos.
La firma, First Title, estima que la mitad de los casi mil expedientes abiertos en el municipio podrían acogerse a esta cobertura. De acuerdo con los cálculos estimativos realizados por la compañía, 30.000 viviendas del municipio marbellí con licencias de edificación concedidas desde 1986 podrían estar afectadas por las irregularidades urbanísticas cometidas en la zona.
Los seguros para atender las necesidades de propietarios pendientes de órdenes de derribo podrían proliferar en los próximos años en España si continúan apareciendo nuevos casos de corrupción urbanística, especialmente en nuestras costas.
Mientras, en Andalucía cada vez son más las organizaciones que reclaman un Plan del Litoral que retrase la línea de urbanización a 500 metros, como han hecho ya Galicia y Asturias en sus espacios costeros. La Junta, que preside Manuel Chaves, tiene ahora la última palabra. De sus acciones depende que se puedan salvar las costas y el futuro del turismo.
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