El sector del taxi en la ciudad vive un momento complicado que, de no entrar en vías de solución, podría desembocar en un conflicto mayor. La sentencia emitida el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo anulando las 30 licencias de taxis otorgadas por un acuerdo plenario de 2001 obliga a todos los implicados a sentarse juntos, y alcanzar un acuerdo global que beneficie a todos los implicados.
Tres son la partes afectadas por esta sentencia. La Sociedad Cooperativa Andaluza Algecireña de Radio Taxi, que fue la que inició, y ganó, la batalla legal; los propietarios de las 16 licencias que fueron concedidas en su día y que han disfrutado de ella hasta entonces; y quienes estaban a la espera de que se diesen las otras licencias restantes, un total de 14.Javier Soto, concejal de Movilidad, ya ha mantenido reuniones con los diferentes colectivos para intentar abrir una vía de salida a este asunto; pero no ha logrado que todos se sienten juntos.Este encuentro ha de darse, necesariamente, ya que cualquier decisión unilateral podría perjudicar a parte del sector del taxi. Ahí se encuentran, en primer lugar, los 16 taxistas a los que se les concedió licencia y que ahora el Tribunal Supremo las declara como nulas. Aunque el Ayuntamiento de Algeciras decidiese otorgar otras 16, como fue el compromiso del actual alcalde, Tomás Herrera, estas nuevas licencias no podrían ir a quienes la tienen ahora en su poder. El artículo 11 del Reglamento Nacional del Taxi establece que una de las condiciones para obtener una licencia de taxi es el número de días cotizados como asalariado; requisito que, en este caso, cumplen en mayor medida los otros 14 taxistas que se quedaron sin licencia y que desde entonces están trabajando como asalariados. Por tanto, los 16 primeros se pondrían, siguiendo esta premisa, por detrás de los 14. A todo ello hay que sumar la negativa de la cooperativa del taxi a conceder otras 30 licencias, como se hizo en su día, pues esto supondría una mayor competencia en el sector.Como puede comprobarse, la salida a esta situación no parece fácil, y requiere de la voluntad y del acuerdo de todas las partes. La exigencia de llegar al mismo procede de la aplicación de la sentencia, que deberá llevarse a cabo en breve. Esto dejaría en una situación de clara inestabilidad a los 16 taxistas a los que se le dio licencia.Javier Soto añade que, además de originar un grave conflicto, la ejecución de la sentencia también podría traer consigo efectos negativos para el Ayuntamiento si se interpusiera alguna denuncia."El problema es complejo desde el punto de vista jurídico y, por tanto, requiere el consenso del sector. Nuestra voluntad es llegar a una solución que garantice la paz y la estabilidad del sector sin que se produzcan daños colaterales", comentó el concejal delegado responsable de este área.
Fuente: Infotaxi
