NO AL PUNTO FINAL PARA LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO.

1.- Víctimas y culpables.

Las verdaderas víctimas, perjudicados de las ilegalidades urbanísticas cometidas, son la gran mayoría de los ciudadanos que se vieron privados del suelo público en su entorno para el parque, la guardería, el polideportivo, el centro de salud y el resto de equipamientos públicos que han dejado de disfrutar.

Los compradores “de buena fe” de viviendas ilegales también son actualmente perjudicados por la situación que se ha creado y las consecuencias que puede traer.

Los culpables de esta situación son los promotores sin escrúpulos (no todos los promotores) que se enriquecieron por la vía de las licencias y convenios urbanísticos ilegales, así como las Administraciones Públicas que, por acción (como el Ayuntamiento concediendo licencias y firmando convenios ilegales), u omisión (como la Junta de Andalucía que durante años permaneció inactiva) permitieron que se llegara a esta situación. No olvidar tampoco la responsabilidad de la Administración de Justicia o la Fiscalía, que durante años fueron completamente ineficaces para afrontar este problema.


2.- Intereses generales vs. intereses particulares.

Los poderes públicos deben tener como misión principal la defensa de los intereses generales de la ciudadanía, tales como:

- la calidad de vida ligada a los equipamientos públicos,

- el medio ambiente y la ordenación territorial,

- el turismo de calidad como primera industria económica del municipio.

El interés de los compradores de viviendas ilegales no deja de ser un interés particular que no puede primar sobre intereses generales de la ciudadanía, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder a los compradores de buena fe.

El interés del mercado inmobiliario, o el de sector financiero que prestó créditos para la compra de viviendas o la realización de operaciones urbanística, también es un interés particular y lucrativo, que no debe primar sobre intereses generales.

La propuesta de los candidatos de PSOE y PP, que supeditan la solución a las ilegalidades al próximo PGOU, no responde más que a un interés electoralista. Su afán electoralista les lleva a coincidir con el interés de los compradores de viviendas, pero también con el de promotores responsables de las infracciones, y con parte del sector financiero.

3.- Objetivo principal que ha de cumplir el nuevo PGOU.

No a un Plan General destinado prioritariamente a la legalización de lo ilegalmente construido.

El nuevo PGOU debe servir al interés general por resolver las necesidades estructurales del municipio, por encima de normalizar lo construido ilegalmente.

Es falso que el nuevo PGOU pueda legalizar el 90% de lo construido ilegalmente:

- Hay construcciones ilegales que no podrán legalizarse en el próximo PGOU, como todas aquellas que vulneran normativas estatales y autonómicas de protección de espacios naturales, de costas, culturales, etc, cuya única opción es su demolición.

- Supeditar la solución del resto de ilegalidades al próximo PGOU, supondría condicionar en exceso el nuevo Plan para que primara la legalización de las infracciones por encima de la necesaria dotación de zonas verdes, colegios, guarderías, instalaciones deportivas, etc”.

El nuevo PGOU debe resolver las carencias estructurales y rotacionales del municipio: equipamientos deportivos, educativos, zonas verdes, etc. De lo contrario, se agravaría aún más el déficit de equipamientos de muchos barrios que han sufrido el saqueo urbanístico perpetrado por los gobiernos municipales de los últimos quince años.

4.- Alternativas a la demolición.

No obstante, el ordenamiento jurídico tiene mecanismos para ajustarse a criterios de proporcionalidad, siempre que se cumplan tres condiciones:

- que los intereses generales se salvaguarden, (restitución social de lo usurpado en el mismo entorno),

- que existan alternativas a la demolición,

- y que los costes sean asumidos por los infractores.

Así IU ha propuesto que las construcciones que ocupan suelo previsto en el plan como equipamiento público, como es el caso del Hotel Senator, o del edificio construido sobre el antiguo Correos en calle Finlandia esquina Álvaro de Bazán, pueden ser destinadas a su función social originaria mediante su reconversión en instalaciones para equipamientos, recuperando así el origen primitivo del suelo (residencia de ancianos, conservatorio de música, escuela de idiomas…). Se recuperaría el uso público original y el coste recaería en el promotor propietario de lo construido.

Sólo en aquellos casos en que los promotores de las construcciones ilegales pudieran ofrecer suelo de las mismas características y superficie que el suelo usurpado y en el mismo ámbito poblacional, se podría aceptar la no demolición, considerándose así la restitución social de lo usurpado. Esto sin menoscabo de las sanciones y penas que los tribunales asignaran a los responsables de la infracción.