DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 04/08/2007
Cinco días antes de dejar la instrucción del caso Malaya, el juez Miguel Ángel Torres dictó un auto en el que rechaza los argumentos de la defensa del principal imputado en la causa, Juan Antonio Roca, sobre la supuesta anuencia de la Junta con los convenios que él negoció. El juez recuerda que éstos no tenían virtualidad porque nunca se aprobó la revisión del PGOU y que si se impugnaron o no licencias de obra "carece de trascendencia a efectos penales".
La defensa de Roca siempre ha sostenido que la Junta conocía y no puso objeciones a los contenidos de los convenios urbanísticos firmados por promotores y el Ayuntamiento de Marbella que contravenían el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, y así lo ha declarado en las numerosas causas por delito urbanístico en la que está imputado.
En el auto dictado el pasado 25 de julio, el juez Miguel Ángel Torres sostiene que no había motivo para impugnarlos. "En los casos de los numerosos convenios de planeamiento, la eficacia de los mismos se subordinaba a su inclusión en la revisión del plan [PGOU], y sin embargo en muchos casos se ha concedido la licencia sin que se haya aprobado el nuevo plan. En otros casos se han firmado los convenios y se han ratificado sin conocimiento de nadie, y en cualquier caso, careciendo de eficacia, siendo un mero contrato, no tienen virtualidad alguna por lo que no existe razón para su impugnación per se", afirma el juez.
El magistrado además deslinda con claridad las imputaciones contra Roca del control de la legalidad ejercido por la administración autonómica en Marbella. "Los tipos penales imputados al señor Roca no exigen que la Junta de Andalucía haya impugnado o no las licencias, y se hayan impugnado o no las mismas, dicha circunstancia carece de trascendencia a efectos penales".
En la resolución, el juez sostiene también que el hecho de que se vayan a legalizar numerosas viviendas en Marbella no exculpa a quienes dieron las licencias ilegales. Afirma que las administraciones se han visto "obligadas" a hacerlo "como mal menor" porque las casas ya estaban ocupadas y concluye: "Esa legalización impuesta no puede servir para exculpar a quienes habrían causado grandes males al conjunto de la población imponiendo de facto, a su libre albedrío, en su propio beneficio y al margen de la legalidad, un nuevo modelo de ciudad".
En el auto en cuestión, el juez deniega por segunda vez la realización de algunas diligencias solicitadas por la defensa de Roca para probar su inocencia. A principios de junio pidió al instructor que solicitara al Ayuntamiento de Marbella un certificado con todos los acuerdos adoptados por la comisión de gobierno y el pleno sobre convenios urbanísticos y licencias relacionados con los promotores imputados en la causa con el propósito de demostrar que el presunto cerebro de la trama de corrupción "no ha tenido participación alguna" en ellos y que no cabría por ello mantener la imputación de cohecho. También pedía que tomara declaración de nuevo a los ex concejales y a los promotores imputados y se sometieran a careos con Roca.
El juez denegó la realización de las diligencias solicitadas, decisión que fue recurrida por la defensa de Roca y nuevamente rechazada por Torres en el auto del 25 de julio. En la resolución, el magistrado afirma que es "evidente" que Roca no era concejal y que "no hace falta pedir los decretos o acuerdos para saber que él no firmaba o votaba", e insiste en que está procesado "por ser la persona que mandaba en la sombra, que decidía en su propio beneficio en materia de urbanismo, con quien los promotores tenían que tratar, limitándose los concejales a ratificar lo que venía acordado de planeamiento". El juez sostiene que la imputación de cohecho a Roca se sustenta en que actuó tanto como cargo público que solicitó dádivas a empresarios, como "particular que paga a los funcionarios" (reparto entre los concejales de parte del dinero recibido de los promotores para que votaran a favor de las licencias o convenios).
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